Un funcionario de prisiones es agredido cada 36 horas ante la pasividad de Instituciones Penitenciarias

Los funcionarios de prisiones están hartos y amenazan con un otoño caliente de movilizaciones ante Instituciones Penitenciarias. Durante los últimos cinco años han sufrido, según la estadística oficial, 840 agresiones de presos en las cárceles españolas y el año 2022 no ha terminado todavía. En concreto, los funcionarios denuncian una agresión cada 36 horas si extendemos el dato a la media de los últimos cinco años. Todo ello según datos oficiales recogidos en una respuesta del Gobierno a una pregunta de dos diputados del Grupo Popular el pasado 7 de junio.

Pero solo durante el último mes de julio las prisiones han sido especialmente violentas, con 15 funcionarios lesionados por agresiones de internos y otros 3 intoxicados por un incendio provocado por los presos. El dato es alarmante, pero Instituciones Penitenciarias no se decide a activar de manera efectiva  el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social (PEAFA), un documento impuesto en su día por la Secretaría de Estado de la Función Pública que no se aplica correctamente en la actualidad. Esto deja a los funcionarios sin posibilidades de actuación en muchos casos e indefensos ante los internos más peligrosos.

Jorge Vilas, responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF, explica que «el problema es que cuando hay una agresión de un interno luego no sufren las consecuencias de sus actos y al final estamos liberando a personas que no están preparadas para insertarse en la sociedad». Como ejemplo José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT, pone el caso de una de las últimas agresiones «en Murcia II, donde el compañero que casi le seccionan la yugular tuvo que ser trasladado al hospital mientras que el interno que había agredido estuvo 21 días en la misma prisión cuando el protocolo dice que el traslado, por motivos obvios, debe realizarse antes».

Los funcionarios de prisiones han pedido el aumento de medidas coercitivas para hacer frente a los presos más peligrosos como «disponer de pistolas táser, convenientemente custodiadas por el jefe de servicio», explica Jorge Vilas y José Ramón López añade un dato esclarecedor: «los sprays están prohibidos porque al parecer eran demasiado lesivos y ponernos el traje de intervención es tan aparatoso que nos puede llevar 20 minutos y cuando lo conseguimos es probable que ya haya terminado el incidente».

Desde los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, explican que «hubo una reunión el pasado día 18 de julio para abordar el incumplimiento del PEAFA y como no explicaron por qué no se aplica decidimos retirar nuestra firma del citado documento».

El citado PEAFA contempla «medidas de protección jurídica para los funcionarios, con la elaboración de una Guía de asesoramiento y la inclusión en el pliego de prescripciones de las pólizas de seguros de una cláusula que asegure el asesoramiento como la asistencia jurídica al empleado agredido; apoyo psicológico con la elaboración de una Guía de atención y asesoramiento psicológico y asumir a través de la empresa encargada de la vigilancia de la salud de la necesidad de una atención psicológica “suplementaria”. Una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, incluyendo el endurecimiento de algunas sanciones existentes; un Plan especial de Formación incorporando acciones formativas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta de los empleados públicos penitenciarios ante las agresiones, haciendo uso de formatos docentes básicos que permitan una rápida y amplia transmisión de la información para todos los trabajadores penitenciarios». El problema es que el PEAFA no se aplica por parte de Instituciones Penitenciarias y eso motiva el enfado de los funcionarios que han decidido retirar su firma del mismo.

¿Qué es necesario para que los funcionarios ejerzan su labor con seguridad? Lo primero es el reconocimiento de la condición de autoridad, «porque con todos los respetos no puede ser que un maestro tenga ese reconocimiento y nosotros no», explica López y «una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias», añade Vilas.