La Fiscalía de Mallorca autoriza a la Policía el desalojo de ‘okupas’ sin orden judicial
La ofensiva del Ministerio Público persigue dar cobertura y seguridad jurídica a la actuación policial de los agentes y cuenta con el respaldo de los jueces de Instrucción.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán actuar «directamente y de forma inmediata» para desalojar a los ‘okupas’ en las Islas Baleares, sin necesidad de que exista una orden judicial previa que loa autorice.
Una instrucción emitida por la Fiscalía balear autoriza la intervención de Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal para expulsar a quienes ocupen «inmuebles» de forma delictiva, con especial atención a los habitados -sean primeras o segundas residencias- locales abiertos al público y oficinas.
El escrito emitido por el fiscal superior, Bartolomé Barceló, al que ha tenido acceso OKDIARIO, trata de dar una «respuesta jurídica uniforme» a la «ocupación ilegal» de viviendas que «está generando un grave problema social y legal que va en aumento» y «atendiendo a los intereses en conflicto». Por una parte, la Fiscalía señala que coinciden el derecho fundamental a la «inviolabilidad del domicilio» por sus legítimos propietarios -que impide que alguien pueda entrar en una vivienda ajena «sin autorización de su titular»- y, también, el derecho constitucionalmente reconocido a «una vivienda digna».
Si los ‘okupas’ son personas en riesgo de exclusión social se dará cuenta a los servicios sociales «para que no queden desamparados»
El Ministerio Público, sin embargo, diferencia entre las «situaciones reales» que se producen entre los inmuebles utilizados por sus titulares, como primera vivienda o como alojamiento vacacional, frente a aquellos que sí se encuentran efectivamente «desocupados».
En el primero de los casos los agentes policiales deberán intervenir de manera directa e inmediata para expulsar a los ‘okupas’ y proceder a su detención, señala la Fiscalía.
En el supuesto de los inmuebles de los que se desconozca el titular o que no se incluyan en la categoría de los descritos por el fiscal Bartolomé en su instrucción y, por tanto, los agentes tengan dudas sobre «la naturaleza delictiva de la conducta realizada» por los ‘okupas’, sí deberán solicitar medidas judiciales que respalden su intervención.
Respaldo de los jueces
Los jueces titulares de los Juzgados de Instrucción de Palma de Mallorca, se reunían el pasado día 23 de mayo para abordar una respuesta coordinada frente a los delitos de ‘okupación’ sobre los que son competentes.
El acuerdo al que llegaron -pendiente de ser validado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares- respalda las reivindicaciones de la Fiscalía y valora la posibilidad de adoptar medidas urgentes y preventivas, en el mismo juzgado de guardia para echar a los ‘okupas’. Entre ellas, la novedad de imponer órdenes de alojamiento sobre los inmuebles en los que hubiesen entrado y que han motivado la intervención judicial.
También abren la puerta a que la solicitud de expulsión de los ‘okupas’ sea presentada no sólo por los propietarios legítimos de dichas viviendas, sino por terceros perjudicados, como los vecinos de las fincas. Especialmente si se ven obligados a convivir con situaciones irregulares que provoquen coacciones, amenazas u otros delitos en la comunidad.
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