La Fiscalía asegura en el Supremo que el 1-O fue la «crónica de una rebeldía anunciada»

La Fiscalía ha asegurado que el 1-O fue la «crónica de una rebeldía anunciada», durante la vista celebrada este lunes en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros trece inculpados.

El objetivo de dichos recursos es rebatir los procesamientos dictados por el magistrado Pablo Llarena en la causa contra el golpismo catalán. El magistrado procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico, así como a dirigentes independentistas.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, los representantes de la Fiscalía presentes en la vista no han modificado su criterio sobre el 1 de octubre y han asegurado que fue «la crónica de una rebeldía anunciada». De esta forma, el Ministerio Público mantiene el criterio fijado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la moción de censura de Pedro Sánchez.

En los últimos días, se ha comentado mucho las posibles cesiones del Ejecutivo de Sánchez al independentismo a cambio de su apoyo. Por el momento, el Ministerio Público que será dirigido por María José Segarra, en sustitución de Julián Sánchez Melgar, mantiene su criterio inicial.

Estas mismas fuentes confirman que la Fiscalía sigue manteniendo por tanto la acusación de que los golpistas catalanes cometieron presuntos delitos de rebelión. Algo que han negado sus defensas afirmando que no «hubo violencia».

Por su parte, la Abogacía del Estado ha rebatido los argumentos de la defensa afirmando que se desviaron fondos públicos para el ‘procés’ y por tanto, se produjo el delito de malversación.

VOX que ejerce la acusación popular ha destacado que mientras los golpistas acusan al Tribunal Supremo de politizar la causa, ellos piden que se tenga en cuenta la situación política para beneficiarse.

Recurrieron sus procesamientos, además de los citados Puigdemont y Junqueras, los exconsejeros Santi Vila, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí; los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell; y el excandidato a presidente y diputado de JxCAT, Jordi Sànchez.

La Sala que revisa las decisiones de Llarena en el Supremo fijaba esta vista a puerta cerrada con presencia de los abogados defensores, Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que ejerce VOX. Esta vista, prevista para el pasado día 6, se pospuso por un error en la tramitación del recurso del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los recursos de los procesados

Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxCat Jordi Sànchez recurrieron ante el Tribunal Supremo su procesamiento argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra La Manada, en las que un ministro tuvo que salir escoltado, en referencia al exministro de Justicia, Rafael Catalá.

 En su escrito, defendían que las concentraciones del 1 de octubre o del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía son «actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales».

Carles Puigdemont alegó en su recurso que durante la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O no hubo «ningún tipo de violencia», por lo que no cree justificado el delito de rebelión que se le imputa.

Mientras que Oriol Junqueras denunciaba en el recurso contra su procesamiento por rebelión que sufre un «calvario inmerecido» por las «piruetas argumentativas» con las que el juez del Supremo Pablo Llarena pretende «criminalizar» al independentismo, pese a la «evidente falta de violencia».