La Fiscalía abre diligencias para investigar si Oltra fraccionó contratos de servicios de limpieza

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia presentada por el PP referida a un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas -que dirige la consellera y vicepresidenta, Mónica Oltra- en concreto y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.

El PP considera que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y pide el interrogatorio de los funcionarios de la Intervención de la Generalitat que han fiscalizado los acuerdos objeto de los hechos y de quienes han tenido participación directa en ellos, entre ellos de la propia vicepresidenta y el resto de miembros del Gobierno valenciano presentes en los plenos del Consell que autorizaron pagos por enriquecimiento injusto relativos a servicios prestados por la Conselleria de Igualdad.

En la denuncia, fechada el 17 de enero y consultada por Europa Press, la diputada ‘popular’ Eva Ortiz pide que se admita la denuncia «contra cualesquiera persona que pueda tener relación con los hechos denunciados» y se continúe el procedimiento por los trámites legales oportunos. En un escrito, firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, de 29 de enero, se acuerda incoar diligencias de investigación penal.

En concreto, la denuncia hace referencia a contratos de la Conselleria de Igualdad en los que el PP aprecia «fraccionamiento ilegal para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de intervención».

Asimismo, considera que existió «recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa, así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención».

Según el PP, el continuado fraccionamiento del objeto de contratos administrativos es «práctica constante de la Conselleria» de Oltra y así ha sido «sistemáticamente» puesto de manifiesto por la Intervención de la Generalitat.