Los fiscales planean llevar la imputación inaudita de García Ortiz a Bruselas para forzar su caída

Las asociaciones de fiscales que representan a la mayoría de la carrera quieren dar nuevos pasos para forzar la dimisión de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado imputado de la historia. Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que una de las vías es elevar la situación al ámbito europeo. El objetivo pasa por que la Comisión Europea, a través de la presidenta Ursula von der Leyen o el comisario de Justicia –por ahora el belga Didier Reynders y en unas semanas posiblemente el irlandés Michael McGrath–, se pronuncie a favor de la ejemplaridad de los altos cargos del aparato judicial y, en particular, del Ministerio Público.

Aunque la decisión del Tribunal Supremo de imputarle en su intervención en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso era previsible, ha sentado como un jarro de agua fría en la carrera fiscal. Ven a la institución con una imagen por los suelos. Horas y horas de televisión analizando la actuación discutible del máximo responsable. Ven que en los miles y miles de procedimientos judiciales que deberán afrontar en los próximos meses las diferentes partes hagan comentarios sobre la situación crítica que vive esta institución por la negativa a dimitir del imputado García Ortiz.

Es por ello que quieren acelerar la salida de García Ortiz y que se nombre a otro fiscal general del Estado libre de cualquier tipo de tacha. Además de llevar el caso a la Sala de lo Contencioso del Supremo para anular el nombramiento por no ser un «jurista de reconocido prestigio», las asociaciones están en las últimas horas valorando todas las opciones. Están estudiando cómo pueden involucrar a diferentes órganos comunitarios como la Comisión Europea, el Consejo de Europa, así como otros entes internacionales y nacionales relacionados con el derecho, como el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por ahora descartan.

El descrédito al que ha sometido García Ortiz a la Fiscalía ha provocado una gran desilusión y quieren que la Comisión Europea se pronuncie. Igualmente, otra opción consistiría en llevar el auto de imputación al Parlamento Europeo. A través de la comisión de Justicia podrían lograr algún pronunciamiento sobre si Bruselas ve con buenos ojos que un líder del Ministerio público se encuentre imputado, junto a la fiscal provincial de Madrid, en un delito que está penado con hasta 4 años de cárcel.

Código ético

Además, analizan el Código Ético que aprobó Dolores Delgado en su etapa como predecesora de García Ortiz para observar si se puede aplicar algún precepto. Ese texto lo deja claro: «Las y los fiscales se comprometen a ejercer con prudencia el derecho a la libertad de expresión que como ciudadanas y ciudadanos les corresponde, respetando en todo momento las obligaciones derivadas del secreto profesional, la reserva, discreción y consideración a los derechos de los individuos, prestando especial cuidado en evitar actuaciones o emitir juicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad, así como la imagen y crédito del Ministerio Fiscal». No obstante, cabe recordar que la fiscal jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado es María Antonia Sanz, afín a García Ortiz.

En este contexto, García Ortiz ha tenido que escuchar a dos órganos internos este jueves: la Junta de Fiscales de Sala –donde tiene mayoría y 8 de 30 fiscales han pedido su salida– y el Consejo Fiscal –donde las asociaciones mayoritarias se han pronunciado con contundencia en su contra–. Aunque estas reuniones no tienen consecuencias prácticas, ya que sus opiniones no son vinculantes, han revelado la creciente preocupación dentro del Ministerio Público por el impacto de la imputación de García Ortiz en la imagen de la institución.

El miércoles, García Ortiz confirmó en una nota de prensa que permanecerá en su cargo, convencido de que es «lo menos gravoso» para la Fiscalía, a pesar de que el Tribunal Supremo decidió de manera unánime abrirle un caso por la presunta revelación de secretos, una acusación hecha por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz, quien asumió el cargo de fiscal general en 2022, ha sido objeto de múltiples críticas desde el inicio de su mandato por parte de sectores judiciales y políticos. Sin embargo, la reciente imputación, que incluye acusaciones de revelación de secretos para, a la postre, perjudicar al principal partido de España que ejerce la oposición al Ejecutivo del PSOE y Sumar ha desatado una tormenta mediática y política sin precedentes. Estas acusaciones han puesto en jaque no sólo su permanencia en el cargo, sino también la confianza en la imparcialidad de la Fiscalía en su caso.

El movimiento de llevar el caso a Bruselas se enmarca en pronunciamientos previos de la UE a favor de garantizar la «independencia del poder judicial en España». En Bruselas se miran con lupa la Ley de Amnistía, las negociaciones para despolitizar el CGPJ o los ataque a jueces como Juan Carlos Peinado, encargado del caso Begoña Gómez. No obstante, por ahora se ha optado por la benevolencia con Pedro Sánchez teniendo en cuenta que es un socio leal a la presidenta comunitaria.