Fiscales del Supremo: «Se acordó acusar a Belarra por calumnias y la nº 2 de Delgado cambió el criterio»

Fiscales de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo decidieron de forma mayoritaria, en una reunión celebrada el pasado 25 de octubre, no proceder de oficio contra la ministra podemita Ione Belarra, pero sí admitir una querella contra ella por un posible delito de calumnias –en caso de que se presentase– tras acusar a los jueces del Alto Tribunal de «prevaricar», por la sentencia que inhabilitó a Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía. «Existen indicios suficientes de delito», acordaron los fiscales en la Junta. Y así ocurrió: el Foro Libertad y Alternativa presentó una querella contra la sucesora de Pablo Iglesias en el partido morado. Sin embargo, la nueva teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, elegida por la ex ministra socialista y fiscal general, Dolores Delgado, ha decidido cambiar de criterio in extremis y ahora se opone a admitir la querella. «Se acordó acusar a Belarra por calumnias y ahora la nueva teniente fiscal cambió el criterio», explican fuentes judiciales a OKDIARIO.

Según el nuevo criterio, la Fiscalía alega en un escrito que las palabras de Belarra «se enmarcan en la actividad política» de la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. «Es un disparate», responde estas fuentes judiciales. «La ministra no ha vertido estas acusaciones contra los magistrados en el desempeño de su cargo, sino que lo ha hecho a título personal en sus redes sociales», añaden. Y así fue. La líder de Podemos calificó, en su perfil de Twitter, de «prevaricación» la retirada del escaño al diputado Alberto Rodríguez y acusó al Supremo de presionar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que se lo quitara pese a que «ambos sabían» que esa inhabilitación no es lo que marcaba la sentencia.

«Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», subrayó Belarra.

El órgano de gobierno de los jueces salió al paso de las acusaciones de Belarra con mayor rotundidad que en otras ocasiones, puesto que la ministra atribuyó «la comisión de un delito» a sus magistrados, una afirmación que «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión».

«Máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», señalaba el CGPJ en su comunicado.

Ahora, fuentes del Alto Tribunal confirman que el Ministerio Público considera que esa acusación de prevaricación es «una afirmación de contenido político» y acogen con asombro esa interpretación de la Fiscalía. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Supremo.