El fiscal que salvó a García Ortiz y no veía terrorismo en Tsunami opta a una plaza de jefe en el Supremo

El fiscal Álvaro Redondo, conocido porque recientemente se vio envuelto en una polémica al cambiar de opinión y dejar de ver terrorismo en el grupo violento Tsunami, se presenta a una plaza de fiscal de Sala del Supremo. Este miembro del Ministerio Público, ex integrante de la Asociación de Fiscales, se alineó con la postura de Álvaro García Ortiz y del Gobierno, que quería salvar a sus socios independentistas. Sin embargo, los cuatro fiscales del procés lograron forzar una Junta de Fiscales donde, de forma mayoritaria, se tumbó ese argumento.

OKDIARIO ha tenido acceso a los listados de candidatos para las próximas designaciones que realizará la Fiscalía General del Estado antes de Navidad. La plaza más importante en liza es la de fiscal de Sala de la sección Penal de la Fiscalía del Supremo. Se han presentado cinco fiscales. Además de Álvaro Redondo –número 4 del escalafón–, concurren Isabel de las Cuevas, Ángeles Garrido, Teresa Peramato y Rafael Escobar. 

Precisamente, según las fuentes pulsadas, la favorita en este momento es Teresa Peramato. A pesar de ser la penúltima entre los cinco candidatos por escalafón, cuenta con el punto positivo de pertenecer a la asociación izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía García Ortiz y que es minoritaria. En el proceso de colonización de la Fiscalía por perfiles afines, las voces consultadas indican que Peramato podría resultar la ganadora. Fue presidenta de la UPF y es fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer.

También salen a adjudicación las plazas de fiscal del Supremo donde aparecen nombres como Teresa Gálvez, procedente de Anticorrupción; Víctor Joaquín González-Herrero, de la Audiencia Nacional; o, entre otros, Javier Francisco Moltó, de la Fiscalía Antidroga.

También hay puestos a decidir en la Inspección Fiscal, en Anticorrupción y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde destaca el nombre de Julián Salto, el fiscal encargado del polémico caso de delitos fiscales de, entre otros, el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.

Transparencia

Por otra parte, este viernes la Asociación de Fiscales (AF), la agrupación mayoritaria en la carrera, ha exigido la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para establecer, entre otras medidas, una regulación clara de la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado.

Esta demanda se basa en una encuesta interna. Consideran imprescindible «regular de manera expresa» cómo deben desarrollarse las relaciones entre el Ministerio Fiscal y el Ejecutivo. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha destacado la importancia de escuchar a los asociados en este momento crucial. «Conocer qué piensan nuestros miembros respecto al nuevo Estatuto era imprescindible y vital. En un contexto donde la credibilidad de la institución está en juego, debemos exigir un nuevo EOMF que refuerce tanto la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad del Ministerio Fiscal, asegurando su total desvinculación del Gobierno», subraya.

Dexeus indica que la independencia de la Fiscalía respecto al Ejecutivo ha sido una reivindicación histórica de la asociación. Además, remarcó que, según la Constitución, el Ministerio Fiscal está integrado funcionalmente en el Poder Judicial, lo que refuerza su autonomía. «Esas comunicaciones deben constar por escrito. El Ministerio Fiscal no es un órgano de enlace entre el Gobierno y los tribunales. Esa imagen no nos representa», afirma.

La Asociación de Fiscales considera que esta reforma sería un paso crucial para salvaguardar la independencia del Ministerio Fiscal, protegiendo su función de servir a la justicia sin interferencias externas, y preservando su credibilidad ante la sociedad.