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Feijóo tras la exigencia de la JEC: «Teníamos razón al denunciar que la Ley de Nietos se estaba haciendo sin control»

Feijóo se compromete con plan para inmigración porque España tiene el derecho y el deber "de decidir quién entra"

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María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha defendido esta noche en Canarias que su partido acertó al exigir mayores controles y garantías en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, especialmente en el procedimiento para conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados. «Teníamos razón al denunciar que la Ley de Nietos se estaba haciendo sin control», ha dicho.

Sus advertencias se han visto respaldadas por la decisión de la Junta Electoral Central conocida este jueves, que reclama justificar adecuadamente la provincia donde se inscriben estos nuevos ciudadanos en el censo.

«No se puede cambiar el censo electoral sin una justificación clara, verificación rigurosa y suficiente supervisión», señaló Feijóo durante el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez. «Teníamos razón al cuestionar la forma de actuar de Sánchez», añadió.

El líder popular insistió en que la verdadera irresponsabilidad no es desconfiar de las intenciones del presidente del Gobierno, sino ignorar todo lo que ha demostrado hasta ahora. Por eso, aseguró que el PP seguirá cumpliendo con su responsabilidad de exigir garantías y controles en estos procesos.

Feijóo recalcó que mantendrá su exigencia de rigor en el cumplimiento de la ley antes de otorgar un pasaporte español, al que definió como «el documento más valioso que puede conceder España a cualquier persona».

La Junta Electoral Central ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral una instrucción clara sobre cómo aplicar la llamada ‘ley de nietos’. Además, ha dejado claro que la inscripción en un municipio electoral debe estar suficientemente motivada cuando no coincida con el último domicilio en España de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.

Plan de inmigración

En el mismo acto, Feijóo presentó el enfoque de su partido en materia migratoria. Afirmó que España tiene tanto el derecho como la obligación de decidir quién entra en el país, de qué manera y con qué fin. «·Un país serio protege sus fronteras y no se resigna a que sigan muriendo personas en el mar. Por eso os doy mi palabra de que aplicaremos de principio a fin nuestro plan para una inmigración ordenada, legal y segura», manifestó.

Defendió la necesidad de controlar las fronteras para evitar el caos migratorio y reconoció los graves problemas que genera la inmigración irregular en Canarias, aunque insistió en que las islas no deben afrontarlos en solitario. Según sus datos, en el archipiélago hay más de 173.000 inmigrantes en situación irregular, frente a los 2.800 que llegaron durante el mandato de Mariano Rajoy.

Feijóo consideró que esta situación es insostenible y criticó que el Gobierno central haya renunciado a una de sus funciones básicas: decidir quién puede entrar y quién no. «La irregularidad no puede otorgar derechos de manera automática», matizó.

Vivienda, jóvenes y campo

El dirigente popular animó también a sus afiliados y simpatizantes a hablar “de lo que realmente preocupa a la gente”. En este sentido, expuso varias propuestas del PP: construir un millón de viviendas, ofrecer un futuro estable a los jóvenes más allá del alquiler compartido, reforzar la sanidad con más médicos, reducir impuestos a la clase trabajadora y apoyar a agricultores y pescadores.

Para Feijóo, el objetivo va mucho más allá de cambiar de Gobierno. Se trata de «reconstruir» las instituciones con limpieza, hacer que los servicios públicos funcionen correctamente, que el crecimiento económico llegue a los salarios y recuperar la convivencia entre españoles.

«Hay que derribar los muros y volver a unirnos», dijo, porque España no puede seguir instalada en la decadencia, los bloques enfrentados, la incompetencia y la corrupción. Pidió la máxima implicación de sus bases y criticó que el Ejecutivo se limite a sobrevivir a los escándalos diarios mientras ignora al Congreso y al poder judicial, “esencia de la democracia”, donde la ley debe ser igual para todos.

En cuanto a Canarias, reconoció el «abandono intolerable» que ha sufrido el archipiélago por parte del Gobierno central. Evitó entrar en detalles sobre lo que considera la «aportación del sanchismo» a las islas (con una referencia irónica a Tito Berni) y se comprometió a que se vuelva a hablar de Canarias por su liderazgo, talento y potencial de futuro, y no por escándalos de políticos cuestionables.

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