Errejón, que cobró una beca ‘fake’, compara a Ayuso con las imputadas Aguirre y Cifuentes
La Universidad de Málaga inhabilita a Errejón por cobrar sin ir a trabajar
Errejón alegó que necesitaba documentos para su beca que no había en Málaga pero estaban ¡¡¡en Internet!!!
Íñigo Errejón, líder de Más Madrid y ex dirigente de Podemos, ha comparado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, con las imputadas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la trama Púnica. El ex mandatario podemita, que reivindica la tolerancia 0 contra la corrupción, se olvida de que él recibió una beca pública de la Universidad de Málaga de 1.800 euros al mes por trabajos de investigación que nunca realizó.
«Hoy el juez García Castellón imputa a Aguirre y Cifuentes por la Púnica. Sigan la línea de puntos: Aguirre (PP) prometió limpieza y tolerancia 0 frente la corrupción. Cifuentes (PP) prometió limpieza y tolerancia 0 frente la corrupción. Ayuso (PP)», ha señalado Errejón en su perfil de Twitter.
Hoy el juez García Castellón imputa a Aguirre y Cifuentes por la Púnica. Sigan la línea de puntos:
– Aguirre (PP) prometió limpieza y tolerancia 0 frente la corrupción.
– Cifuentes (PP) prometió limpieza y tolerancia 0 frente la corrupción.
– Ayuso (PP):https://t.co/dV0sxufgIw— Íñigo Errejón (@ierrejon) September 2, 2019
Errejón recibió esa beca en marzo de 2014 para elaborar un estudio sobre «La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda».
El director de este estudio era su compañero de partido Alberto Montero. El proyecto estaba financiado mediante un convenio con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
Imputación de Aguirre y Cifuentes
Este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado en calidad de imputadas a las ex presidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en sintonía con la petición realizada el pasado 2 de agosto por la Fiscalía Anticorrupción.
Las ex presidentas regionales han sido imputadas por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental en la pieza separada número 9 de la trama Púnica, en la que se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
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