ERC da por hecho la amnistía mientras Junts avisa a Sánchez: «No renunciaremos a la unilateralidad»
Es separatismo utiliza el homenaje a Lluís Companys para presentarse como víctimas de la opresión
Los independentistas celebran el sometimiento de Pedro Sánchez. El ex diputado de ERC, Joan Josep Nuet, ha asegurado este domingo que la amnistía «está al alcance de la mano» y ha dado por hecho que «dentro de poco será una realidad», mientras que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido en que no renunciarán a la unilateralidad: «No hace falta ni que nos lo pidan».
Ambos líderes independentistas han utilizado los actos de homenaje al ex presidente de la Generalitat Lluís Companys, en el 83 aniversario de su fusilamiento en el Foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuic en Barcelona, para cargar contra el Estado español y presentarse como víctimas de la opresión.
Nuet, que ha participado junto a una delegación de ERC en una ofrenda de claveles blancos en memoria de Companys, ha asegurado que la amnistía «parecía imposible y hoy, dentro de poco, será una realidad».
Por su parte, Turull, que ha encabezado la comitiva de Junts junto a la ex presidenta del Parlamento, Laura Borràs, acompañados de miembros de las juventudes del partido, ha avisado a Sánchez de que su partido no renunciará a la unilateralidad, porque cree que hacerlo sería renunciar a la nación. «Nosotros lo que queremos es que esta nación sea libre, porque queremos ser leales y fieles a la cordada de la que el presidente Companys también formó parte», ha indicado, haciendo un símil con los escaladores que están sujetos a la misma cuerda.
La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha mantenido el tono victimista y ha asegurado que «los momentos que vivía el presidente Companys no son muy lejanos de los momentos que vivimos ahora». «Continuamos teniendo unos momentos en los que, para defender nuestros derechos y nuestras libertades, continuamos teniendo represión, exilio, persecución y judicialización», ha declarado tras la ofrenda floral de la Mesa del Parlament en el cementerio barcelonés de Montjuïc.
Pere Aragonès, ha reclamado a las instituciones del Estado una declaración institucional de desagravio por la ejecución en 1940 de su antecesor Lluís Companys, que según el presidente de la Generalitat «fue fusilado por ser presidente de Cataluña».
Cheque en blanco al independentismo
El plan de Sánchez ya tiene nombre: «Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional». Este es el nombre que lleva el borrador de la exposición de motivos de la ley de amnistía, condición sine qua non para conseguir los siete votos de Junts necesarios para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO de fuentes socialistas. Una jerigonza legal para que los golpistas blinden a Sánchez en la Presidencia del Gobierno. «Se trata de defender la amnistía como una herramienta que fomente la convivencia en Cataluña y no como una censura a la Justicia», dicen las mismas fuentes.
El texto asume de forma implícita un argumentario similar al que desplegó el PSOE con los indultos a los golpistas: dar carpetazo a una anomalía, pasar página de situaciones nunca deseadas, o cómo dijo Salvador Illa el pasado 2 de octubre, «explorar las posibilidades de estiramiento de las políticas de convivencia en Cataluña». Todo un galimatías que oculta una cacicada que supone, de facto, el reconocimiento de que el Estado se excedió en su defensa del marco constitucional y que, por lo tanto, ahora debe ponerse de rodillas ante unos sediciosos.
Al igual que el texto registrado en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo de 2021, nombrado «Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y Resolución del Conflicto Político entre Cataluña y el Estado Español», este se trata de una proposición de ley orgánica que, a diferencia del proyecto de ley ordinaria, se presenta ante el órgano legislativo competente por un órgano distinto del Gobierno, ya sea por el Congreso, el Senado, la Asamblea Legislativa Autonómica o una iniciativa legislativa popular. Su aprobación exige una mayoría absoluta del Congreso, pero podría salir por tramitación directa y en lectura única, procedimiento especial regulado en el artículo 150 del Reglamento del Congreso, que permite concluir la tramitación parlamentaria en un único debate ante el Pleno.