Amnesia generalizada y trabajos fantasma: las similitudes entre las enchufadas de Ábalos y el caso del hermano de Sánchez

Las dos primeras sesiones del juicio oral de la trama del PSOE, celebradas esta semana en el Tribunal Supremo, han dejado al descubierto una pauta que se repite en los grandes escándalos de la política española reciente: la amnesia selectiva de los testigos, la desaparición conveniente de pruebas y la contratación de personas cercanas a cargos políticos en empresas públicas sin que nadie, aparentemente, recuerde cómo ni por qué. Un patrón que, según las fuentes consultadas, conecta directamente con el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que se enfrenta a juicio el próximo mes de mayo por hechos similares. Como les sucede a las amigas de Ábalos, el hermanísimo tampoco tenía un puesto de trabajo físico, en su caso, en la Diputación provincial.

El episodio que más ha impactado en estas primeras jornadas del juicio ha sido la declaración de Claudia Montes, amiga de Ábalos y Koldo García, contratada en la empresa pública Logirail. Montes ha confesado abiertamente que no desarrollaba labores efectivas en la compañía y que se dedicaba a leer libros, cogidos de la biblioteca, eso sí, de temática ferroviaria.

Esta justificación ha sido recibida con estupor generalizado entre las fuentes consultadas, que la califican sin ambages como una excusa para salir del paso y evitar una imputación.

Montes trasladó a Ábalos, a quien conoció en un mitin del PSOE, que estaba siendo objeto de bullying laboral y que había quedado apartada por decisión de un alto cargo. Un ex director gerente de LogiRail José Ángel Méndez ha remarcado en el Supremo que Montes se ausentó de su puesto e inició un expediente contra la empleada, pero poco tiempo después fue cesado. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, ascendió a Miss Asturias de categoría y luego él pasó a director general de Operaciones y Negocios de Renfe.

Esa secuencia ilustra, según los letrados consultados, la solidez de la correa de transmisión entre el Consejo de Ministros y las empresas públicas del Estado.

Junto a Claudia Montes, el nombre de Jésica Rodríguez ha sobrevolado las sesiones con una particularidad llamativa: pese a todo lo expuesto, ni ella ni Montes han sido objeto de imputación penal. Ambas han comparecido únicamente como testigos. En el caso de Rodríguez, además, el Supremo ha preservado expresamente su imagen durante el procedimiento sin que conste por ahora ninguna resolución con argumentos para ello.

Las fuentes subrayan que en ambos casos nadie ha sido capaz de recordar cómo se articularon exactamente los procedimientos de contratación en las distintas empresas públicas. A sabiendas de que se trataba de incorporaciones que podían resultar escabrosas y desembocar en escándalo, nadie dejó por escrito nada determinante, a excepción de una exigua mención de «Sobrina ministro» en una hoja de cálculo de Excel de uso interno.

Las anotaciones internas son prácticamente inexistentes, apenas existen correos electrónicos y los testigos, conscientes de que contar más de la cuenta puede volverse en su contra, han optado por la estrategia de la amnesia selectiva o incluso diatribas argumentales chocantes como que se renovó a Jésica Rodríguez para no perder su «saber hacer».

La abogada defensora de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha ejercido ante la sala en una posición muy difícil que las fuentes jurídicas consultadas califican de sólida. Algo similar que el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha destacado por su carácter reservado y las constantes peticiones que le hacen para que suba el tono de voz. No obstante, ha sido afilado y ha escuchado atento las indicaciones de su cliente sentado detrás de él.

De la Hoz ha insistido en una estrategia orientada a buscar causas que permitan anular el procedimiento en el futuro, sembrando el terreno con argumentos de forma.

Uno de ellos es que su defendido no ha podido consultar la totalidad del contenido de su teléfono móvil. El Supremo ya le ha respondido que no existe ese derecho en términos absolutos: se puede solicitar el acceso a partes concretas del dispositivo, pero, dado que hay otras investigaciones abiertas que dependen de ese material, no procede la devolución íntegra de los terminales.

De todas formas, ha logrado una copia de fotos y vídeos que han salido en prensa. No obstante, apenas ha surgido material relevante para la defensa. Sólo han destacado una fotografía de Jésica Rodríguez en el piso de la calle Atocha, contratado por el empresario Víctor de Aldama, donde, según Ábalos, conoció a la, en sus propias palabras, «azafata de imagen». Para la defensa del ex ministro fue, en realidad, una fiesta de «prostitutas» pagadas por el empresario.

Las bolsas de Ferraz

El juicio retoma este jueves con un bloque acusatorio que promete ser de mucha enjundia. La declaración más esperada es la de Carmen Pano, empresaria que afirma haber entregado bolsas de dinero en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Junto a ella declararán su propia hija y su chófer. La defensa de Víctor de Aldama –que ejerce José Antonio Choclán–, según las acusaciones, desplegará un interrogatorio incisivo, dado que el testimonio de Pano puede resultar clave para obtener beneficios en otro procedimiento paralelo: el denominado caso hidrocarburos, que examina la concesión por parte del Gobierno de un título habilitante de operador al por mayor de hidrocarburos para la empresa Villafuel, vinculada a Aldama y a su socio Claudio Ribas.

Las fuentes consultadas advierten de que este juicio ha puesto de manifiesto algo que trasciende a sus propios acusados: la dificultad estructural para atajar el tráfico de influencias en el sector público si no existe una cultura real de denuncia interna.

Las empresas Ineco, Tragsatec y Logirail, señaladas en el procedimiento, podrían verse obligadas a asumir responsabilidades civiles por las cuantías malversadas, más el daño reputacional, que también se traduce en pérdidas económicas para estas compañías de titularidad estatal.

El caso Koldo no es solo un juicio. Es, según quienes lo siguen de cerca, el espejo incómodo de un sistema que premia el silencio y aparta a quienes se atreven a hablar.