Las empresas deberán justificar por qué pagan más a los hombres que a las mujeres si ellos ganan un 25% más

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 24/02/2019 06:50
  • Actualizado: 24/02/2019 06:50

El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a la Diputación Permanente del Congreso la conocida como ‘Ley Calvo’ de igualdad laboral, un texto que exigirá a las empresas, entre otras polémicas medidas, que justifiquen que el pago de un 25% más a hombres que mujeres en su plantilla, si se da el caso, no se debe a una «discriminación de género».

Así aparece en la proposición de ley del PSOE a la que el Gobierno está dando forma de real decreto-ley (fórmula que requiere razones de urgencia) para tratar de aprobar en esta precampaña de las elecciones generales del 28 de abril pese a estar las Cortes ya disueltas. Todo apunta a que esta medida irá al Consejo de Ministros del próximo viernes 1 de marzo, lo que servirá al Ejecutivo para presentar esta reforma como un gran atractivo para su electorado coincidiendo con los actos del Día Internacional de la Mujeres que se celebra el 8-M.

En concreto, el texto de los socialistas señala: «Cuando en una empresa con al menos veinticinco trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se presumirá que concurre discriminación salarial por razón de sexo, salvo prueba en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores».

Resulta llamativo que así, de antemano, «se presuma» esa supuesta «discriminación salarial por razón de sexo», dejando a la empresa la oportunidad de defenderse únicamente a posteriori.

De esta manera, la ‘Ley Calvo’ (la presentó la hoy vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad cuando estaba en la oposición) quiere modificar el Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta norma recoge que «el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella».

Todas las retribuciones

Pero el Gobierno socialista de Sánchez no se queda en el criterio de que a igual trabajo se pague lo mismo ya sea hombre o mujer, sino que quiere vigilar todas las retribuciones de la empresa. Es por ello, por lo que la ‘Ley Calvo’ establece la obligatoriedad de realizar «auditorías salariales» para detectar esa supuesta «discriminación salarial» superior al 25%. Aquellas empresas que no realicen tales auditorías podrían ser multadas con hasta un 1,30% de su masa salarial, según la iniciativa socialista.

1.541 millones

Entre las medidas de este real decreto-ley también está un aumento progresivo del permiso de paternidad (actualmente en cinco semanas) hasta ocho semana en 2019; 12 en 2020; y finalmente 16 en el año 2021, como el de maternidad. El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en marzo de 2018 este paquete de propuestas socialistas porque suponía un gasto extra no previsto para las arcas públicas de 1.541 millones de euros.