El Gobierno declara secreto el informe de la UCO que vincula a Sánchez con la ‘trama Koldo’

El documento que vincula a Pedro Sánchez con la trama Koldo permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expurgado este escrito del último informe aportado a la causa del que se extrae una frase en la que se habla sobre el jefe del Ejecutivo. «En una ocasión llegó a pedirme si el teléfono del presidente del Gobierno y el del que fue ministro de Fomento José Luis Ábalos estaban pinchados, a lo que se le dijo que no podíamos hacer nada», dijo el guardia civil imputado en la causa, Rubén Villalba, sobre una petición que le había hecho Koldo. El resto de lo que se revela en este documento no ha sido remitido al juez. 

«Algunas de las solicitudes de Koldo revestían un carácter de alta sensibilidad, como pretender conocer si el teléfono del presidente del Gobierno o del que fuera ministro de Fomento, estuvieran intervenidos», explican los agentes, tras analizar los teléfonos móviles de los investigados en la trama. Lo hacen después de recibir un documento que asegura que Koldo utilizaba sus contactos dentro de la Guardia Civil para obtener informaciones privilegiadas sobre los miembros del Consejo de Ministros. Este texto, sin embargo, ha sido retirado de la causa, ya que los investigadores consideran que deben ampararse en la Ley de Secretos. 

El mencionado texto legislativo establece que «podrán ser declaradas materias clasificadas (en su categoría de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran) los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado, correspondiendo tal calificación al Consejo de Ministros». El Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994 otorgó, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los Servicios de Información, así como sus fuentes y cuantas informaciones y datos puedan revelarlas. De este modo, los investigadores de la UCO han decidido no aportar al sumario del caso Koldo este documento en el que se menciona a Pedro Sánchez, entre otros asuntos. 

Las acusaciones protestan

Los abogados de las acusaciones populares Luis María Pardo y Javier María Pérez-Roldán han solicitado que el juez requiera a la UCO la entrega inmediata de todos los documentos y grabaciones sin restricciones. Lo han hecho presentando un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional que dirige la investigación.

«Tanto Iustitia Europa como Hazte Oír han expresado su inquietud por el hecho de que no se ha proporcionado al magistrado instructor la versión íntegra de documentos expurgados […] Estas pruebas son cruciales para el esclarecimiento de los hechos y no deberían ser objeto de filtros sin la valoración directa del magistrado», explican en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación. Y prosiguen: «Debe ser el propio juez quien determine qué información está protegida por secreto oficial y qué puede divulgarse en el curso de la investigación».

El PP carga contra Sánchez

El Partido Popular también ha cargado contra Pedro Sánchez tras conocer que no se habían incluido estos documentos en el sumario. «Todas las nuevas revelaciones conducen al presidente del Gobierno», ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La política recuerda que Pedro Sánchez convirtió a Koldo en un primer momento en el guardián de los avales de las primarias del PSOE, y que luego coincidía con él en las reuniones del comité de crisis en el que se aprobaban los contratos de la pandemia, «aquellos de los que cada vez hay más pruebas sobre las mordidas y la trama de corrupción en torno a las mismas». 

El PP, que también ejerce como acusación popular en el caso Koldo, solicitará que el magistrado requiera a la UCO la entrega inmediata de todos los documentos y grabaciones sin restricciones, con el fin de que nadie, ni Pedro Sánchez, se pueda amparar en la Ley de Secretos Oficiales. «Debe de ser sólo el juez quien determine qué informaciones están protegidas por secreto oficial y qué puede divulgarse en el curso de la investigación. Pero no puede ser el propio Gobierno quien esté determinando qué llega hasta el juez y qué no llega. Y esto nos preocupa enormemente», subrayan.