El director del máster de Cifuentes organizaba cursos de pericia caligráfica
Enrique Álvarez Conde, director del polémico máster de Cristina Cifuentes, organiza, a través del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, una variedad de cursos, entre ellos de pericia caligráfica. Una circunstancia que resulta chocante tras conocerse que varias firmas de los documentos que, presuntamente, avalaban la autenticidad del máster de Cifuentes, eran falsificadas.
El curso en cuestión está destinado a «facilitar, no solo una visión global de la materia, sino también el conocimiento sobre los elementos fundamentales que deben tenerse presente en la realización de una pericia caligráfica», la disciplina que se encarga de comprobar la autoría de los textos manuscritos, firmas o documentos.
«Se trata de una actividad profesional cada vez más extendida, tanto en el ámbito privado como en el judicial, más aún en momentos de crisis como en el actual, en la que numerosas personas niegan la realización de sus propias firmas», se lee en el folleto en el que se promociona la titulación, organizada en colaboración con la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales (Aspejure). Entre las asignaturas a impartir figura una sobre «fraude documentario».
La titulación se imparte de forma semipresencial, con tres sesiones intensivas de 22 horas lectivas, además de 278 horas de estudio a distancia, y la evaluación consiste en un examen las teórico que se realiza online y uno práctico, este sí, presencial, para la realización de un informe pericial.
El mismo centro organizó otro curso sobre «Falsedad Documental». El material promocional del curso indicaba que «los documentos en la actual sociedad adquieren una mayor importancia al ser elementos probatorios» y mencionaban «la necesidad de conocer a fondo los diferentes medios documentales, especialmente los referidos a la identidad de las personas y a los medios económicos de financiación, como son tarjetas de crédito, débito y otros documentos mercantiles».
El objetivo del título era «dar a conocer a los alumnos los conocimientos necesarios, tanto jurídicos como técnicos, para la comprobación de la veracidad y legitimidad de los diferentes tipos de documentos personales y económicos, así como iniciar a los mismos en el conocimiento de la grafística como medio científico de prueba».
Álvarez Conde aseguró, en distintas entrevistas, que el rector le instó a reconstruir el acta de la supuesta defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) por parte de Cifuentes, el 2 de julio de 2012. La presidenta madrileña mostró ese documento para justificar que había realizado y finalizado el curso, pero, más tarde, se demostró que el acta contiene las firmas falsificadas de dos de las profesoras que presuntamente integraron el tribunal, Alicia López de los Mozos (presidenta) y Clara Souto (vocal).
El rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, negó después esa acusación y anunció posibles medidas legales.
Ramos anunció este viernes la suspensión de Álvarez Conde de sus funciones «como medida cautelar». La Universidad también ha abierto expediente disciplinario a Amalia Calonge, la funcionaria que cambió las notas de la presidenta madrileña, en 2014, antes de que ésta recogiese su título. El rector afirmó además que si se demuestra que ha existido falsificación de documento público, se anulará el título de Cifuentes.
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