Diputados y senadores españoles se niegan a comunicar sus encuentros con ‘lobbies’ y grupos de intereses

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 20/04/2026 05:45
  • Actualizado: 20/04/2026 05:45

Diputados y senadores españoles se niegan a comunicar sus encuentros con lobbies y grupos de interés, tal como les obliga el Código de Conducta de las Cortes. Así se señala en el recién publicado Informe Anual de la Oficina de Conflictos de Intereses de las Cortes. Pese a que el texto en cuestión evita «hacer sangre», protege identidades e incluso cifras de los diputados y senadores incumplidores, no tiene más remedio que admitir que «todavía son minoría en ambas Cámaras» las «señorías» que comunican este tipo de encuentros.

Todo ello ocurre pese a que la UE reitera año tras año la necesidad de cumplir con estos requisitos, en aras de la transparencia y la salud democrática del país. De hecho, pese a que el sistema español es de los más laxos en este tipo de controles, el artículo 6.2 del Código de Conducta del Congreso de las Cortes establece que «los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés». Sin embargo, el incumplimiento flagrante de este apartado se ha venido repitiendo en los últimos cinco años.

Con fecha 31 de diciembre de 2025, solamente un diputado, cuyo nombre no desvela el informe, de los 350 totales, no ha presentado su declaración de intereses económicos. En el Senado, en cambio, todos los senadores han  presentado su declaración. Pese a todo, el Congreso de los Diputados ha logrado este año 15 nuevas declaraciones de intereses más que el pasado y dos modificaciones de las mismas como consecuencia de advertencias de la Oficina de Conflicto de Intereses. Tras cinco años de andadura, todavía no se ha logrado que todos los diputados presenten sus declaraciones de intereses económicos, aunque el código obligue a ello.

En el Senado, en cambio, este año sí se ha logrado recopilar todas las declaraciones de intereses, aunque no sin reclamaciones y advertencias de la Oficina de Conflictos, hasta lograr el 100% de respuestas.

Si se compara el sistema español de regulación de los intereses de los parlamentarios nacionales con los de otros países, el nuestro resulta ser de los más laxos. Especialmente, si se compara con el sistema francés, de estricto cumplimiento. En el mismo, la Haute Autorité Pour la Transparence de la Vie Publique tiene incluso poderes reales para investigar las actividades de sus representantes nacionales. Algo similar ocurre en Lituania y en Rumanía.

Con menos intensidad, pero también más exigente que la fórmula española, se desarrolla este sistema de control en Alemania o en Bulgaria, donde la capacidad para obligar a responder a los representantes del pueblo soberano está más limitada que en Francia.

En todo caso, España y Bélgica son de los países donde se trata con menos exigencia este tipo de asuntos y los incumplimientos de diputados y senadores siguen siendo flagrantes en algunos aspectos. La única sanción prevista para ellos es la publicación, no ya de nombres, sino de un informe que habla de malas cifras y de forma anónima, sin atribuir a los incumplidores.

En el Parlamento Europeo, en cambio, todos los diputados están obligados a responder por completo a todas las cuestiones que se les plantean en la declaración de intereses, incluidos los españoles.