Dictadura lingüística en Palma: el alcalde socialista impone el catalán a los contratistas

La imposición del catalán como lengua en Baleares ha quedado plasmada en un contrato municipal del Ayuntamiento de Palma. Los pliegos de una licitación para unas obras de reurbanización exigen a los contratistas el uso de la lengua catalana para la redacción del proyecto y todos los trabajos asociados, y abren la puerta al uso del castellano pero previa consulta y aprobación del equipo municipal.

Para utilizar el castellano a la hora de contratar con el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el alcalde socialista José Hila, hace falta pedir antes permiso. Así cabe concluir de la documentación que acompaña a la licitación de un contrato. Lleva por objeto la «redacción de proyecto básico y de ejecución con proceso de participación ciudadana previo; y dirección de obras de reurbanización» en las calles Camp Redó y  Cotlliure de la capital balear. Tiene un presupuesto de 62.190 euros.

El pliego de cláusulas administrativas incluye una serie de «condiciones especiales de ejecución del contrato». Y entre ellas se incluyen un extenso apartado de «criterios lingüísticos»: «La empresa contratista debe entregar toda la documentación técnica requerida para el cumplimiento del contrato y los trabajos que sean objeto de este al menos en lengua catalana», especifica.

El catalán, recuerda el documento, debe ser la lengua utilizada por la contratista -y en su caso, las subcontratistas- para los «rótulos, las publicaciones, los avisos y otros comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato».

El contrato deja abierta la puerta al uso del castellano sólo bajo condiciones: «Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, aplicando las previsiones del Reglamento municipal de normalización lingüística, hay que añadir el castellano u otras lenguas».

En caso de considerarlo «oportuno», el contratista deberá enviar los textos que vayan a utilizarse en castellano «para que la dirección técnica del servicio les dé su conformidad en cuanto a su contenido y al uso de una o varias lenguas».

El castellano queda así relegado a una lengua opcional y su posible uso debe ser aprobado de antemano, mientras que para considerarse válida cualquier propuesta remitida deberá estar redactada, sí o sí, en catalán.

Obligatorio también hablarlo

En otro punto, el Ayuntamiento explica que «la prestación de servicios, la ejecución de obras o la puesta a disposición de suministros, la empresa contratista debe utilizar al menos el catalán en las actuaciones y la documentación dirigidas a terceras personas, la rotulación, las comunicaciones por megafonía, las instrucciones y manuales de uso, el etiquetado y el embalaje de los productos o servicios que producen u ofrecen, y las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, incluyendo las facturas y otros documentos de tráfico, según las determinaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares»

Además, explican, «la empresa contratista asume la obligación de que el personal que deba relacionarse con el público tenga un conocimiento suficiente de catalán para llevar a cabo en esta lengua las tareas de atención, información y comunicación, y garantizar así el derecho de los usuarios a ser atendidos en esta lengua». Sin embargo, no especifica nada sobre el derecho de los usuarios a ser atendidos en castellano en caso de que así lo solicitasen.

Otras polémicas con el catalán

El avance del pancatalanismo lingüístico se deja notar fuertemente en Baleares desde hace años. Tanto ayuntamientos de las Islas como el propio Gobierno socialista de la comunidad autónoma, Francina Armengol, han protagonizado polémicas por primar el catalán sobre el castellano de manera habitual.

Por ejemplo, tal y como contó OKDIARIO el pasado mes de diciembre, los niños de Mallorca no pudieron asistir a actividades extraescolares debido al incremento de la incidencia de contagios por coronavirus. No obstante, la prohibición eximía a aquellas clases que estuviesen destinadas al aprendizaje de catalán. 

Entre las restricciones señaladas para el nivel 4 de riesgo en que se encontraba Baleares se determinó que, a partir del 23 de diciembre, se suspendiesen todas las actividades complementarias y extraescolares, tanto las organizadas por los centros educativos como las organizadas por entidades externas a los centros. La excepción fueron aquellas que se realizasen con el mismo «grupo de convivencia» de la escuela, el programa de apoyo a alumnos con problemas en las clases y los talleres de lengua catalana para jóvenes recién llegados a las islas.