Díaz quiere obligar a los caseros a registrar todo tipo de alquileres para asegurar su control de precios

Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere forzar a los caseros a registrar todo tipo de alquileres para «hacer efectiva la regulación de precios», independientemente de la duración del arrendamiento. Hasta ahora, sólo era obligatorio inscribir los alquileres «de temporada o turísticos» de las plataformas online como Airbnb. El partido de la también ministra de Trabajo quiere imponer a todos los inmuebles la obligación de registrarlos para poder vigilar de cerca cada uno de ellos.

Txema Guijarro, diputado de Sumar, ha presentado una enmienda a la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprovechando la tramitación de una Proposición de Ley por la que se regulan los contratos de alquiler temporales y el alquiler de habitaciones.

El representante del movimiento político de Yolanda Díaz ha incluido en su escrito un nuevo artículo de la ley para la «identificación y publicidad de los alquileres».

La iniciativa exige un requisito «de forma previa» para alquilar «una edificación, habitación o estancia» para «vivienda habitual o de corta duración». La normativa propuesta impone que cada inmueble «deberá estar registrado en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para la identificación de cada unidad arrendada».

Un control creado para pisos turísticos

Hasta ahora, la Ventanilla Única Digital sólo afecta a los alquileres de viviendas completas o habitaciones en modalidad de temporada o turísticos cuya comercialización se vaya a realizar a través de plataformas en línea de alquiler. Es decir, los pisos que habitualmente se encuentran en las páginas como Airbnb o Booking.

La normativa obliga a que sean los arrendadores los que soliciten un «número de registro para poder comercializar sus viviendas». Sin él, los caseros no podrían ponerlas en el mercado. Aunque este proceso se realiza en el registro de la propiedad, después tienen que transmitirlo electrónicamente en la pasarela digital que creó el Ejecutivo.

La puesta en marcha de este procedimiento respondía a Reglamento de la Unión Europea sobre alquileres turístico. El Gobierno defiende la existencia de este registro en que «se promueve una oferta más transparente y sostenible, al tiempo que se proporcionan a las administraciones públicas herramientas eficaces para la planificación urbanística y el control fiscal, reforzando la lucha contra la economía sumergida».

Ahora, Sumar pretende extenderlo a todos los alquileres. De ese modo, no serían sólo los pisos turísticos los que se vean obligados a registrarse en la Ventanilla Única Digital. Todos los caseros, incluso si alquilan su vivienda para uso habitual, tendrían que cumplimentar este proceso.

Los objetivos que esgrime Sumar son variados. El diputado del partido de Yolanda Díaz justifica su enmienda a esta ley del alquiler en el refuerzo de «la transparencia y la veracidad en el mercado de arrendamientos». El fin que persiguen, según la formación magenta, es proteger a los inquilinos de «prácticas opacas o engañosas».

Sin embargo, otro de los argumentos empleados es el de «garantizar el acceso a información relevante» de las viviendas para «hacer efectiva la regulación de precios».

A su vez, aseguran que la «obligación de registro previo a la comercialización» persigue «dar seguridad a las partes en todo tipo de contratos de alquiler». Con ella busca garantizar «la duración mínima de los contratos, la existencia de la causa que los fundamenta, así como los límites de revisión de la renta anual a la que están sujetos». Es decir, que quieren facilitar al Gobierno la tarea de revisar los alquileres mediante la imposición del registro a los caseros.