Díaz pide formar en «enfoque de género» a policías de fronteras para ayudar a «inmigrantes vulnerables»

Sumar, partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, que se imponga la formación obligatoria en «enfoque de género» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en frontera para favorecer a los inmigrantes «vulnerables». El objetivo es que no se detenga ni se devuelva a sus países de origen a, entre otros, los menores extranjeros no acompañados (menas).

Los diputados de Sumar Aina Vidal y Viviane Ogou han firmado una proposición no de ley en el Congreso para la «prohibición de la detención de grupos vulnerables en contextos migratorios y garantía de su protección».

La iniciativa presentada por las representantes de la formación magenta pide al Gobierno «reforzar los protocolos de actuación para la identificación inmediata de las situaciones de vulnerabilidad en los puntos de entrada fronteriza». Para lograrlo, se exige «la formación obligatoria y especializada en materia de derechos, enfoque de género y protección internacional para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». La competencia para el control de puertos, aeropuertos y pasos terrestres recae sobre la Policía Nacional.

Pero la propuesta del partido magenta no se queda sólo ahí. También exige que este tipo de clases para sensibilizar sobre la inmigración «vulnerable» se imparta a «todo el personal que trabaja en la gestión de fronteras y migraciones».

«Afecta desproporcionadamente»

Vidal y Ogou ponen el foco sobre «niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de trata o violencia de género, personas con discapacidad, personas mayores, solicitantes de asilo y refugiados, entre otros». Y lamenta que «la práctica de la detención administrativa de migrantes en España, a menudo por razones puramente administrativas y no penales, afecta desproporcionadamente a estos colectivos».

La protección que pretenden otorgar con este texto no se refiere sólo a las detenciones de tipo penal. También las que afectan al retenido incluso en «períodos cortos». «Puede tener graves repercusiones físicas y psicológicas en personas vulnerables, exacerbando traumas preexistentes y afectando su dignidad y desarrollo», reza el texto presentado por Sumar.

En ese sentido, expone que «la detención con fines de expulsión también resulta especialmente perjudicial para otros colectivos». Y es que, a sus ojos,  «puede suponer una revictimización y un agravamiento irreversible de su estado».

Entre las quejas están las pruebas de edad a la que se somete a los menas. «Se aplican métodos cuestionables de determinación de la edad y que en algunos casos, de acuerdo a informaciones de ONG, han sido expulsados incluso determinándose como menores», denuncian en su proposición no de ley.

«Alternativas a la detención»

En su lugar, Sumar propone «alternativas a la detención que son más humanas, eficaces y, a menudo, menos costosas». Concretamente, se refieren a modelos de «acogida en recursos abiertos, el seguimiento en la comunidad y el apoyo de profesionales y entidades especializadas».

Todo ello, en opinión de las diputadas del partido de Yolanda Díaz, ha demostrado «ser viable para asegurar la comparecencia de las personas en los procedimientos migratorios sin necesidad de recurrir a la privación de libertad».

Estos sistemas serían gestionados «en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades del tercer sector», es decir, las propias ONG. De ese modo, creen que se aseguraría «un acompañamiento digno y un seguimiento de los procedimientos migratorios desde un enfoque de derechos humanos» que, según Ogou y Vidal, no está ocurriendo ahora mismo.