Delgado incumplió como ministra la ‘despolitización’ de la Justicia que criticaba como fiscal

Tras su llegada al Ministerio de Justicia, Dolores Delgado descartó reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) contra el que se manifestaba como miembro del Consejo Fiscal, antes de ser titular de la cartera. Las críticas abiertas de sus compañeros de profesión no se hacían esperar y, en noviembre de 2019, convocaban una huelga contra la ministra socialista para afearle su postura contraria a las propuestas que defendía a ultranza cuando era fiscal en ejercicio: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para «acabar con el sistema presidencialista» del CGPJ y recuperar la dedicación exclusiva de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El histórico de Delgado al frente de la cartera de Justicia ha sido polémico y desafortunado. A ella corresponde la reciente retirada del pago a los abogados del turno de oficio designados por mandato judicial y su negativa a abordar cambios sustanciales en el ‘politizado’ modelo de elección tanto de los vocales del CGPJ como de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupará a partir de este mismo martes.

Delgado se comprometió como fiscal con la causa para modificar el sistema de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para que fuesen elegidos «por los jueces y las juezas, asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías». Sin embargo, una vez llegada al cargo de ministra negó que el Gobierno socialista se plantease abordar dicha medida, alegando que no iba a ceder  a «intereses corporativos».

Huelga

El sonoro cambio de criterio de la ministra socialista era contestado con un paro general de la Justicia consensuado por las 7 asociaciones profesionales de jueces y fiscales de España: Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales (a la que la propia Delgado pertenecía).

Una huelga que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) situaba en el 48% de la participación, frente al 60,90 % del seguimiento que le otorgaban las asociaciones. Por primera vez en la historia de la democracia española 7 magistrados del Tribunal Supremo se sumaban a las protestas. Delgado tomaba distancia con el escándalo y se desplazaba a París -para asistir al Foro Mundial para la Democracia organizado por el Consejo de Europa- durante las protestas.

Mientras tanto, durante las concentraciones convocadas los jueces decanos afirmaban en un comunicado unánime que las decisiones de Delgado respondían «a un nuevo episodio de permanente cuestionamiento del Estado de Derecho».

«Una vez más», explicaban, «sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial y por las leyes que todos debemos cumplir se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, hecho que se produce en el marco de una situación insostenible en las carreras judicial y fiscal».

«Un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el Estado de Derecho», denunciaban.