C’s «no descarta» acciones judiciales contra los Mossos por su espionaje a políticos, abogados y asociaciones civiles
Ciudadanos no descarta emprender acciones judiciales contra los seguimientos que, según informes de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo sobre abogados, asociaciones civiles, periodistas y políticos, también de la formación naranja, pues considera que se hicieron únicamente «por razones ideológicas».
«No descartamos acciones judiciales», asegura el portavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa después de que El Periódico de Catalunya informara del supuesto «servicio ilegal de espionaje», como se describe en los informes de la Policía Nacional entregados a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Además, ha adelantado que una vez que el Parlament elija un nuevo presidente de la Generalitat y este forme Gobierno, Ciudadanos presentará una batería de preguntas parlamentarias, solicitará distintas comparecencias, pedirá informes y reclamará que se asuman «responsabilidades políticas» por esos hechos.
Según Carrizosa, los seguimientos de los Mossos son «especialmente graves» porque estaban motivados «simplemente por razones ideológicas». «Porque no comulgamos con las ideas del Gobierno de turno», ha indicado.
El informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Barcelona precisa que el espionaje se hacía a personas «de marcado perfil unionista o constitucionalista», y menciona concretamente a políticos del PP, Ciudadanos -incluido el propio Carlos Carrizosa-, el PSC e incluso de la antigua CiU y hoy PDeCAT.
Traspasaron líneas rojas
El portavoz de la formación naranja ha acusado al antiguo Ejecutivo de Carles Puigdemont de haber «traspasado líneas rojas de forma continua» y de haber «violado también la ley» al utilizar datos personales de los ciudadanos catalanes para la preparación de un referéndum de independencia. Por todo ello, y para que «no se crean que son impunes», Cs les pedirá explicaciones en el Parlament.
El informe policial, que refleja todos los documentos que agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra iban a destruir el pasado 26 de octubre en una incineradora, dice que la Generalitat «quería tener perfectamente controladas» a un grupo de personas contrarias a la independencia de Cataluña y que lo hizo de forma ilegal y empleando fondos reservados, unos 160.000 euros en ese apartado sólo en el año 2015.
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