Las comunidades del PP plantan al Gobierno por «vetar» información «clave» sobre la regularización masiva

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 23/07/2026 12:53
  • Actualizado: 23/07/2026 13:23

Las comunidades donde el Partido Popular gestiona competencias de atención a la inmigración han plantado a la ministra de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la celebración este jueves de la XIV Conferencia de la Inmigración por considerar esta mesa un «instrumento de imposición, opacidad y unilateralismo», donde el Ejecutivo «veta» información «clave» sobre la regularización masiva de ilegales impulsada por los socialcomunistas.

A través de un comunicado difundido por estas comunidades, han denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vaciado esta Conferencia Sectorial de Inmigración de su «verdadera finalidad», que es la «cooperación entre administraciones». «La prueba más evidente -subrayan- es que esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, un plazo que por sí solo desmiente cualquier voluntad real de diálogo», han criticado.

De esta forma, han lamentado que el Ministerio de Saiz ahora sólo buscaba que la presencia de estas comunidades sirviera «únicamente de aval a una política migratoria irresponsable y diseñada al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto».

Además, estas autonomías han advertido de que el Gobierno se ha negado a facilitar el acta de la Comisión Sectorial preparatoria de la Conferencia, y tampoco ha atendido la solicitud de acceso de la grabación de la Comisión Sectorial, «un derecho que asiste a las comunidades y que, de nuevo, ha vulnerado el Ministerio», han remarcado.

Junto a ello, han apuntado que el acta de la anterior Conferencia de la Inmigración y que el Ministerio pretendía aprobar ahora «es una suerte de síntesis interpretativa en lugar de una transcripción literal de la Conferencia Sectorial». «Una situación que genera inseguridad a los participantes, que pervierte el debate democrático y, de nuevo, supone una deslealtad institucional», han insistido.

Asimismo, estas comunidades han enfatizado que «pese a las numerosas solicitudes», siguen sin recibir ningún tipo de información sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), vigente en España desde el pasado 12 de junio.

«Existe un alarmante déficit material, por la falta de una planificación presupuestaria clara para dotar de personal, infraestructuras y medios tecnológicos al nuevo sistema; y un déficit operativo, debido a los retrasos en la preparación, la formación del personal y la coordinación entre administraciones y agencias europeas», han señalado.

Igualmente, estas administraciones autonómicas han asegurado que todavía no han recibido respuesta en relación con la posición del Gobierno en la cumbre europea de Armenia celebrada el pasado 4 de mayo. El Ejecutivo de Sánchez, según han recordado, votó en contra de adherirse al acuerdo firmado por 33 países para compartir información actualizada sobre movimientos migratorios, incorporando por primera vez un mecanismo de vigilancia y monitoreo conjunto, así como medidas específicas contra las redes de tráfico de personas y una mayor coordinación con organismos internacionales.

«Sin financiación»

Del mismo, han precisado que continúan sin disponer de ningún estudio de impacto económico sobre las comunidades y entidades locales sobre la «mayor regularización de inmigrantes de la historia». El Ministerio sólo les ha enviado la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de tramitación del Real Decreto de Regularización.

En este contexto, estas comunidades han lamentado que van a soportar sobre los servicios públicos autonómicos el impacto de esta regularización masiva, mientras desde el Ejecutivo central se siguen aplicando políticas que impactan en sus competencias. Todo sin coordinar, negociar, acordar con ellas. «Es una falta de respeto institucional que nos hace imposible tomar las medidas necesarias para atender a los inmigrantes que finalmente sean regularizados», han sentenciado.

Los populares también han indicado que en la última Comisión, el Ministerio admitió «ignorar cuántos inmigrantes serán finalmente regularizados», lo que «añade aún más incertidumbre sobre el impacto económico que tendrá la regularización sobre el sistema y abre nuevos interrogantes», han reprobado.

«Si se ignora el número final de inmigrantes regularizados, ¿cuál ha sido el criterio de dotación económica del llamado Plan de Integración? ¿Por qué se ha ignorado, de nuevo, a comunidades y entidades locales, presuntos destinatarios de los fondos? ¿De qué partida presupuestaria va a salir esta dotación y cuándo se activaría si no hay Presupuestos Generales?», han planteado estos Gobiernos regionales.

El Ejecutivo central, según reza en el comunicado, tampoco ha atendido la solicitud de estas comunidades de compartir la «documentación reservada» que existe sobre el proceso de regularización masiva. «Y lo que es aún más alarmante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni siquiera conocía de la existencia de tal documentación, según confesó en la última Comisión», han revelado.

Coordinación

Frente a ello, estas comunidades han afirmado que «España necesita una auténtica política de Estado en materia de inmigración, transparente, coordinada con todas las administraciones y sujeta a los plazos establecidos: la última Conferencia Sectorial se celebró hace 15 meses, ignorando la periodicidad de seis meses acordada».

«Mientras Europa ha apostado por un modelo basado en el control de las fronteras exteriores, la lucha contra las mafias, la agilización de los procedimientos de asilo y de retorno y una inmigración legal y ordenada, el Gobierno de Sánchez bascula entre la descoordinación interna y la irresponsabilidad de trasladar a las comunidades autónomas compromisos cada vez mayores sin planificación, sin financiación y sin la debida lealtad institucional», han criticado.

«El Partido Popular propone una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y favorezca la integración, el refuerzo del control de las fronteras, una coordinación real entre todas las administraciones y la aplicación inmediata y sin ambages de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo», han remachado.