El Colegio de Abogados de Madrid pide imputar a la alto cargo de Moncloa que filtró datos a Lobato

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha pedido al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general por revelación de secretos de la pareja de Ayuso, la imputación de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho tras conocerse que la alto cargo había filtrado al ex secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, la carta en la que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, confesaba la comisión de delitos fiscales.

Esto ocurre después de que el ex dirigente socialista haya comparecido en calidad de testigo ante el Alto Tribunal tras conocerse que había llevado al notario los mensajes en los que Sánchez Acera le mandó el 14 de marzo de 2024 para que utilizara la información secreta del novio de la presidenta antes de que la prensa se hiciera eco de ella.

Lobato se negó entonces al sospechar de la procedencia de esos mensajes y al considerar que podía incurrir en un delito de revelación de secretos. Finalmente, el ex líder del PSOE de Madrid protocolizó esas capturas de pantalla después de que este caso se judicializara y que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fuera imputado.

El objetivo de La Moncloa era que Lobato utilizara esa información en la Asamblea para atacar a Ayuso. Sin embargo, el líder de los socialistas madrileños se negó y Sánchez Acera se lo trasladó a Angélica Rubio, directora de elplural.com y actual miembro del Consejo de Administración de RTVE. Una vez publicado en ese medio, Lobato sí utilizó la información para acusar a Ayuso en la Asamblea.

Sin embargo, una vez que se puso en marcha la investigación contra el fiscal general en el Supremo, Lobato llevó esas conversaciones del 14 de marzo de 2024 ante notario, según informó ABC. La fecha coincide además con las informaciones que apuntan que el PSOE se estaba planteando sustituir a Juan Lobato por Óscar López, ahora ministro de Transformación Digital y para la Función Pública.

El Colegio de la Abogacía ha señalado, amparándose en el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es «útil, necesaria, pertinente» la citación de Sánchez Acera porque «guarda una estrecha relación con el objeto de investigación judicial».

Tal y como ha señalado en su escrito el ICAM «la razón» de esta petición son «las manifestaciones vertidas por el testigo Lobato». Tras haberlo analizado, consideran que «se desprende la necesidad de recabar declaración de quien fuera interlocutora en las comunicaciones vía whatsapp y que le resultaron ser fuente del documento nuclear objeto de las pesquisas de instrucción».

Este es uno de los pasos previsibles después de la última declaración de Lobato. Si, finalmente, tal y como se espera, comparece en sede judicial, podría apuntar a su jefe o asumir toda la responsabilidad para convertirse en el cortafuegos de la operación contra Ayuso para que no alcance al que fuera jefe de gabinete de Sánchez o al propio presidente del Gobierno.

Si se cumpliera este último extremo, las cosas se complican para Sánchez: López era su jefe de gabinete, por lo que de ser imputado, aumentarían las dudas sobre el nivel de conocimiento que tenía el presidente del Gobierno a cerca de esta ofensiva contra Ayuso.