Las claves del pacto Sánchez-eléctricas: menos golpe fiscal por el gas y el CO2

Tres puntos clave se han acordado entre el Gobierno y las eléctricas para alcanzar una tregua en la guerra desatada a raíz de la nueva regulación de la luz de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialcomunista decidió aplicar un fuerte castigo a las eléctricas por haber visto incrementar sus ingresos a causa del precio del gas y del sistema legal de subasta de la energía y de fijación de los precios.

Ahora parte de ese castigo se mitiga. Y es que Sánchez temía acabar en los tribunales por expropiar los beneficios obtenidos legalmente por las compañías y, lo que es peor, perder el juicio.

¿Qué es lo que han pactado eléctricas y Sánchez con respecto al precio del gas?

Se ha pactado la minoración prevista en el RDL 17/2021 por el precio del gas. Para ello se ha decidido que esa minoración o castigo fiscal no afecte a aquellos clientes con contratos a precios fijos. Los contratos de largo plazo que hacen las generadoras se llaman PPA (Power Purchase Agreement). Y muchos de estos contratos han sido cerrados a precios de la energía y del gas ajenos a los actuales y sensiblemente más bajos. La reforma de Pedro Sánchez los castigaba como si hubiesen obtenido en esos contratos los mismos beneficios que actualmente. Ahora ese aspecto se corrige.

¿Y sobre las emisiones de CO2?

Asimismo, se ha reconocido la necesidad de que la minoración de ingresos por culpa del castigo por el CO2, contemplado en el Anteproyecto de Ley que se tramita en el Parlamento, sea modificada. Las empresas están sufriendo el coste del CO2 por dos motivos. En primer lugar, porque los derechos de emisión son cada vez más caros por culpa de la burbuja generada por los continuos avisos de Bruselas sobre la reducción de estos derechos. En segundo lugar, porque el Gobierno había retirado las ayudas a las eléctricas no emisoras de CO2. Ahora este impacto negativo en las eléctricas se pretende mitigar.

¿Qué más se ha pactado con respecto al suministro del gas?

El pacto confirma el horizonte temporal y el carácter transitorio de las medidas del RDL 17/2021. Pero, además, se incluye el compromiso de impulsar las medidas necesarias para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno.

Esta última parte se convierte, realmente, más en un deseo, que en una garantía absoluta. España recibe gas de Argelia y uno de sus gasoductos será cerrado en breve por el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos. Pese a ello, el Gobierno asume un compromiso de difícil garantía.

¿Cuál era la magnitud del sablazo que temían las eléctricas?

La industria puso el grito en el cielo con la nueva regulación del Gobierno diseñada, supuestamente, para bajar el recibo de la luz. Y dispararon las alarmas, pese a no ver en aquel momento el efecto completo del Real Decreto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que la nueva regulación quitaría 2.600 millones de euros a las eléctricas porque eran “beneficios extraordinarios” o “caídos del cielo”. Pues bien, las eléctricas ya tenían los primeros datos de evolución del mercado encima de la mesa y habían podido hacer un cálculo real del impacto de la reforma legal. Con la norma introducida -básicamente, pseudo impuestos- el resultado no era un golpe de 2.600 millones de euros, sino de 4.000 millones de euros hasta cierre de año, como confirman a OKDIARIO fuentes internas del sector. Todo un golpe difícil de digerir y todo un gigantesco cartel perfecto para espantar cualquier futura inversión en España.

¿Conocía Sánchez la gravedad del golpe a las energéticas?

Pedro Sánchez nunca diseñó realmente un mecanismo pensado para reducir el coste de la luz. Su cacareado Real Decreto era simplemente un mecanismo pensado para sacar los costes de las renovables del recibo de todos los hogares y empresas por la electricidad para esconder esos pagos en la tarifa del gas natural y las gasolinas. El mecanismo ideado para camuflar esos pagos fue combinado. Por un lado está el nuevo Fondo de Sostenibilidad. Un fondo que pagarán las energéticas y los consumidores por otras vías. Y supondrá un castigo fiscal para la industria afectada de 2.600 millones de euros.

Por otro lado, unos nuevos topes regulados para el precio del gas que se convierte en un impuesto -aunque no está regulado como tal- sobre las eléctricas que han visto incrementarse el precio por KW -aunque sean energías renovables- por el efecto arrastre del precio del gas natural en las subastas eléctricas.

Todo ello debía suponer una “detracción”, según palabras de Pedro Sánchez, de 2.600 millones de euros de las cuentas de las compañías eléctricas por los beneficios extraordinarios que reciben por la producción de algunas tecnologías de generación que son ajenas al gas y que, según el Ejecutivo, permite que las empresas de energía hidroeléctrica y nuclear se beneficien de la escalada de precios.

Lo cierto es que las empresas del sector ya habían visto la evolución inicial de los precios y han podido calcular el impacto: 4.000 millones de euros hasta acabar el año. No 2.600 millones como aseguró el Gobierno.

¿Eran estos los únicos efectos dañinos de la reforma de Sánchez?

Los efectos perniciosos, además, no acababan ahí. Hace ya dos fines de semana se vio el resultado de la política energética de Pedro Sánchez. Y la conclusión fue toda una paradoja: durante 13 horas de aquel sábado y 9 horas de ese domingo, la electricidad vendida por Francia tuvo prioridad en el uso de fuentes de energía frente a la de centrales verdes o renovables españolas, en concreto, las más baratas.

La locura ha estado propiciada por esa misma reforma de Pedro Sánchez, que ha establecido una fórmula de fijación de un pseudo impuesto -ni siquiera regulado como tal- para las eólicas y solares que oscila en los 110 euros/MWh, lo que está expulsando a las verdes más baratas y dando prioridad a energías como la producida por las centrales francesas. La historia parece increíble, pero se ha convertido en una realidad. La energía renovable, eólica y fotovoltaica, tiene un coste variable cero. La causa es sencilla: el uso del viento y el sol no tiene coste. Por ello, su energía entra la primera en la subasta eléctrica.

Pero el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó un pseudo impuesto, que ni tan siquiera se ha regulado como tal, que genera un coste adicional para las energías verdes -eólica y fotovoltaica- de cerca de 110 euros/MWh. El Real Decreto lo ha hecho por medio de una fórmula que en estos momentos y con los precios de la energía actual, queda en ese nivel de 110 €.

El resultado fue dantesco: al sumar los costes fijos de algunas de las centrales verdes españolas, las más baratas, con el nuevo pago fiscal, esas centrales se han quedado fuera de la subasta para dar paso a energía comprada de Francia o incluso generada con carbón procedente de Marruecos. En el caso de Marruecos, hasta procedente de quemar carbón, uno de los combustibles más contaminantes.