Ciudadanos recurrirá ante el Constitucional la «mal llamada» ley vasca de abusos policiales

Ciudadanos presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de lo que califican «mal llamados» abusos policiales porque su única finalidad es «criminalizar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, en su lucha contra el terrorismo. La norma aprobada en abril por el parlamento vasco, será recurrida la próxima semana por la formación de Alvert Rivera ante el Tribunal de Garantías. «Defenderemos por todos los medios a los policías y guardias civiles que a su vez defendieron a la sociedad española del azote del terrorismo separatista vasco», aseguran.

La tramitación de la ley , el pasado 4 de abril, se produjo durante un bronco pleno del parlamento autonómico en el que un diputado de Bildu llamó nazis a varios miembros policiales que habían acudido a la sesión. Votaron a favor de su aprobación PNV y PSE, en contra el PP y se abstuvieron Bildu y Elkarrekin Podemos.

El propósito oficial de la misma es reparar a quien haya sufrido «una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política» entre 1978 y 1999 y la decisión de quién adquiere el estatus correspondiente será administrativa, recayendo la competencia en distintos órganos del Gobierno vasco la tarea tramitar y resolver los expedientes.

Sin embargo, para la formación naranja, se trata de una «mal llamada ley» porque «pretende eliminar la presunción de inocencia de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional» en el ejercicio de su profesión y «someter su actuación a un tribunal administrativo nombrado por políticos sin ninguna garantía procesal».

Amparo al Defensor del Pueblo

Ciudadanos ya pidió hace unas semanas al Defensor del Pueblo, a través de una solicitud formal, que la recurriese al Constitucional e incluso su propio líder, Albert Rivera, anunció antes de las últimas elecciones generales que si llegase a ser presidente del Gobierno, la recurriría él mismo.

La última ley aprobada en el parlamento vasco modificaba otra similar aprobada en 2016, que no pudo ser desarrollada porque el gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso tras un acuerdo con el Gobierno vasco y la ley pudo ser finalmente aprobada.

El artículo más polémico es el que dice que las vulneraciones de derechos humanos supuestamente sufridas «se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa» que las reconozca o «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo», añadiendo que esa acreditación «no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal».

Pese a que esta última modificación fue impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original, un error de Elkarrekin Podemos en las votaciones motivó el rechazo del primer artículo de la reforma, que incluye una de las claves para evitar que sea recurrida.