El CGPJ se pone de perfil ante el asalto a la Justicia: no apoyará un recurso de inconstitucionalidad

El asalto a la Justicia perpetrado por PSOE y Podemos ha llevado a que se tenga que celebrar un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En dicho pleno se debate este miércoles si plantean un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional con requerimiento previo a las Cortes Generales o si, por el contrario, se insta al Defensor del Pueblo para que presente un recurso de inconstitucionalidad. El motivo de este debate es la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que impide al consejo realizar nombramientos discrecionales. Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que «el consejo se volverá a poner de perfil, y sólo presentará el conflicto de intereses si se llega a un acuerdo que parece poco probable».

Desde el CGPJ sólo pueden, o bien tomar esta vía intermedia con el Constitucional, o bien instar a aquellos con atribuciones a que presenten un recurso de inconstitucionalidad de la nueva LOPJ. Según se expone en el Título IX de la Constitución Española, sólo pueden presentar el recurso: “El presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas”. Es decir, los vocales del CGPJ no pueden.

Por ese motivo, ocho vocales del consejo, Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona además del tema del conflicto apoyado por el resto de vocales, han introducido la petición de instar al Defensor del Pueblo para que interponga el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, esta propuesta no tiene prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante, igual que el tercer punto planteado para el pleno, “el examen y la aprobación, en su caso, de la contestación a las preguntas remitidas al CGPJ por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021”.

2.500 jueces

Así, el CGPJ se pone de perfil, por segunda vez en dos semanas, mientras desoye a la mitad de los jueces y magistrados españoles, 2.500 que se han levantado en armas ante el asalto a la Justicia. De hecho, más de 2.500 togas, de las 5.400 que hay en España, han decidido solicitar amparo a la Unión Europea. Una llamada de auxilio de la judicatura que evidencia la despótica forma de actuar de Sánchez y sus socios.

Estos jueces y magistrados, a través de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han presentado un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario Europeo, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que según los jueces afectan a la independencia judicial.