El asalto a la Justicia de Sánchez provoca que el 10% de las plazas del Supremo estén ya sin cubrir

El 10% de las plazas del Tribunal Supremo y el 18,8% de las plazas gubernativas ya están sin cubrir tras los 50 primeros días del asalto a la Justicia por parte del Gobierno del PSOE y Podemos. Un asalto que se ha realizado con el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales. Así lo alerta el propio órgano de gobierno de los jueces en las respuestas que ha enviado a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.

En las respuestas a las que ha tenido acceso OKDIARIO, el CGPJ explica que «a fecha 30 de abril de 2021 se habrán producido ocho vacantes en el Tribunal Supremo, sobre una planta de 80 magistrados, lo que representa un porcentaje del 10%; y 22 puestos gubernativos vacantes sobre un total de 117, lo que supone un porcentaje del 18,80%. Esta circunstancia afectará también a los nombramientos discrecionales de la jurisdicción militar».

Los vocales del Consejo contestan así a la pregunta de la Unión Europea sobre cómo ha afectado al funcionamiento del sistema de Justicia la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, en su escrito también añaden que «el principal impacto que la reforma tendrá sobre el sistema de Justicia es el de que el CGPJ en funciones no puede proceder a realizar nombramientos de carácter discrecional, es decir, nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos».

Y apostillan que «el impacto mayor de la reforma se hará sentir en el Tribunal Supremo, ya que las presidencias de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y presidencias de sala se seguirán ejerciendo en funciones hasta que el nuevo Consejo proceda a realizar los nombramientos, aunque ha de tenerse en cuenta que siempre pueden producirse jubilaciones y fallecimientos».

El CGPJ se pone de perfil

Sin embargo, los vocales del CGPJ son mucho más suaves a la hora de explicarle a Europa cómo afecta al propio Consejo esa reforma del Gobierno. Simplemente exponen que no podrán hacer nombramientos y que el informe que encargaron sobre los efectos de la nueva LOPJ no entraba a valorar la constitucionalidad de la Ley, sino la interpretación que ha de hacerse de la misma.

Como publicó en exclusiva OKDIARIO, desde el órgano de gobierno de los jueces no sólo se han puesto de perfil no apoyando que se solicite al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el asalto a la Justicia. También han desoído a más de 2.500 jueces y magistrados que han solicitado amparo a Europa por el asalto que el Gobierno de Sánchez está perpetrando contra la independencia judicial.

Es más, el pasado viernes -en un encuentro telemático organizado en el marco del informe sobre el Estado de derecho que está preparando la institución comunitaria- todas las asociaciones de jueces, excepto Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) -vinculada al PSOE- mostraron a la Comisión Europea su inquietud ante las «injerencias políticas» en el Consejo General del Poder Judicial.

Esta inquietud se suma a la petición de amparo a Europa de más de 2.500 jueces y magistrados, es decir, más de la mitad de la carrera judicial. Los jueces enviaron un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores Y Transparencia Vêra Jourová y al comisario Europeo Didier Reynders denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en España por las últimas reformas legislativas que, según los jueces, afectan a la independencia judicial.