Catalá dice que «no es una prioridad» actualizar el delito de rebelión

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que actualizar los supuestos que contempla el delito de rebelión no le parece que sea «una prioridad en este momento» y ha considerado que su regulación actual «es la adecuada».

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha inaugurado una jornada sobre ‘Cómo afrontar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos’, celebrada en Ibercaja Patio de la Infanta, Catalá ha contestado de este modo a la propuesta realizada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha planteado revisar el delito de rebelión para adecuarlo al escenario catalán.

«El delito de rebelión que está tipificado en nuestro Código Penal es un delito con muy pocas causas, en el que se incurre muy excepcionalmente», ha observado el ministro, al apreciar que llevar a cabo cualquier modificación requiere de «una reflexión en la que nosotros de momento no tenemos ninguna posición tomada».

«Su regulación actual es adecuada para las circunstancias en las que nos encontramos y creemos que hay que llevar a cabo una reflexión tranquila y no nos parece que sea una prioridad en este momento», ha dicho tajante Catalá.

Investidura de Torra

Rafael Catalá también ha asegurado hoy que si se ha producido algún «defecto formal» en la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, habría que «promover la subsanación de los errores».

El ministro respondía a una pregunta sobre la fórmula utilizada por Joaquím Torra para asumir el cargo de presidente, sin mencionar ni el Estatuto catalán, ni la Constitución, ni al Rey, prometiendo ejercer «con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament», pero sin aludir a la Constitución, al Estatut y al Rey.

Catalá ha dicho desconocer el tenor literal de la fórmula y si se habían cumplido o no las formalidades por que esta mañana se encontraba de viaje, pero ha dejado claro que «si la toma de posesión tiene algún defecto formal, lógicamente habrá que evaluarlo para, en su caso, promover la subsanación de esos errores».

No obstante, ha recordado que ya con la toma de posesión de Puigdemont hubo un recurso y una sentencia del TSJ de Cataluña, «que hizo una interpretación amplia de estos aspectos formales». Aunque el ministro no ha explicado la resolución concreta, lo cierto es que el citado tribunal no vio «ilícito penal» en 2016 cuando Puigdemont utilizó la misma fórmula.

Tras reconocer que el Gobierno estaba deseando que «cuanto antes se conformase gobierno en Cataluña y empezase a gestionar los asuntos generales de todos los catalanes de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía», el ministro ha explicado que la «asunción de responsabilidades públicas» ya sea como diputado, como miembro de un gobierno o como parlamentario, está sometido en España a unos requisitos que están establecidos en la Ley. Estos a veces están recogidos en la ley estatal y, en ocasiones, en la autonómica.

Por lo tanto, ha precisado que «la ley obliga a todos» y «el cumplimiento de las obligaciones formales es un compromiso de todos los ciudadanos y muy en particular de los gobernantes públicos».

«No debemos olvidar en todo caso que el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Cataluña y del derecho es una obligación de todos los servidores públicos», ha exclamado el ministro. Por lo tanto, ha insistido en que «hay que garantizar» que todos los que tienen una representación y un mandato ciudadano para ejercer funciones públicas lo hacen conforme a la ley y para servir al interés general.

«En este caso -ha insistido- habrá que acreditar si así se ha producido y por lo tanto iniciar una etapa de gobernabilidad en Cataluña que yo creo que todos los catalanes están deseando».