Castellón envía a juicio a Granados, López Madrid y otros investigados del ‘caso Púnica’

El juez Manuel García-Castellón ha enviado a juicio a Francisco Granados, ex dirigente del Partido Popular madrileño en tiempos de Esperanza Aguirre, al empresario Javier López Madrid y a otros encausados en una de las piezas del caso Púnica. Tal como adelanta OKDIARIO, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha dictado auto de procedimiento abreviado este jueves, lo que adelanta que en unos meses estos investigados se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados y ser juzgados.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló en un informe el patrimonio presuntamente ilícito de Francisco Granados tras su trayectoria política. El ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid empleó testaferros y dos sociedades instrumentales para desviar fondos y cobrar 800.000 euros en comisiones de una gran constructora ligada a Javier López Madrid.

Según aseguró la Guardia Civil, el político percibió sobornos procedentes del ex consejero delegado de la empresa pública Mintra que trazó las ampliaciones de Metro de Madrid desde el 2003 hasta el 2011. En el caso también estaban salpicados su antiguo jefe de gabinete, Ignacio Palacios, utilizado como testaferro, y el citado Javier López Madrid, consejero de la constructora.

El juez de la Audiencia Nacional concluye la instrucción y ratifica las pesquisas judiciales. García-Castellón lleva el caso a la Sala de lo Penal para que enjuicie a Granados por desviar cientos de miles de euros de la constructora junto a López Madrid. La UCO investigó las relaciones laborales entre las empresas Bustren PM y la mercantil KV Consultores de Ingeniería, Proyectos y Obras SL. El supuesto modus operandi pasaba por emplear KV Consultores de Ingeniería, Proyectos y Obras SL como proveedor principal e hinchar artificialmente los gastos ejecutados. La diferencia se transfería al responsable de la empresa regional de construcción Mintra.

Las mordidas son una constante en las piezas del caso Púnica. Cabe recordar que Granados estuvo en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 14 de junio de 2017. Su apellido en latín da nombre a la macro causa, (Punica granatum).

La Audiencia Nacional ha investigado en los últimos años este caso por posibles delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, fraude y blanqueo, entre otros. García-Castellón, que se jubila después de verano, da carpetazo así a la instrucción de un caso de grandes complejidades donde también ha tenido que intervenir la Agencia Tributaria, que analizó las cuentas bancarias de una empresa en la que Javier López Madrid aparece como administrador único y con la que pudo estar beneficiándose de sobornos.

García-Castellón tomó declaración entre los años 2018 y 2020 a los investigados. Granados y López Madrid han negado los hechos que se les imputan. A pesar de las cuentas desveladas por la Guardia Civil sostienen que nunca han comido juntos y que no han gestionado mordidas ilegales. Por su parte, el ex consejero delegado de Mintra, Jesús Trabada, descartó ante García-Castellón haber recibido presiones de Granados para adjudicar la obra del metro ligero de Boadilla del Monte (Madrid) a una determinada empresa.

En todo caso, tras la confesión judicial del empresario David Marjaliza, García-Castellón ha ido desarrollando su investigación por presuntas comisiones a la hora de adjudicar ampliaciones del tranvía del Metro Ligero en la Comunidad de Madrid.

«Abuso de posición»

EL juez detalló en un auto que de las diligencias practicadas se deduce que Granados, «abusando de su posición» al frente de la Consejería de Transportes, aseguró un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum (vinculada a Marjaliza) a cambio del pago de «importantes comisiones». Javier López Madrid habría colaborado para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos. Todo para acomodar a su favor el expediente administrativo.

Las intervenciones telefónicas realizadas en el caso Púnica destaparon que Trabada creó la mercantil Bustren capitalizada con el dinero procedente de las comisiones ilícitas de López Madrid, Marjaliza y Granados, este último mediante su entonces jefe de gabinete y supuesto testaferro, Ignacio Palacios.