Caso Urdangarin: «Se pagaron facturas a Nóos antes de que hubiera soporte legal»

El cuarto acusado que ha comparecido en el juicio del caso Urdangarin ha sido Miguel Ángel Bonet, ex secretario del Instituto Balear de Turismo, acusado como su jefe el gerente de Ibatur, Juan Carlos Alía Pino, de fraude y malversación. Bonet era el asesor jurídico de esa entidad y fue quien elaboró los informes jurídicos que «dieron apariencia de legalidad» al acuerdo de patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto por parte del Govern de Jaume Matas.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción, Bonet ha dejado claro que todo fue un fraude que se tapó con informes y convenios que lo visitieran de legal. «Si no hubiese venido ya ordenado y sin posibilidad de discusión, mi informe jurídico habría sido distinto». Y ha admitido que el acuerdo con Nóos se cerró desde Presidencia «porque estaba detrás Iñaki Urdangarin».

«Me arrepiento de lo que hice, debería haberme opuesto, aunque me habrían despedido»

Es más, Bonet ha admitido que mentía en su escrito al asegurara que había «revisado» el expediente. «Ese expediente no existía, sólo le tenía que dar una apariencia de legalidad a un convenio ya cerrado». La fiscal ha insistido en saber si se firmó un convenio de colaboración para evitar sacar el contrato de patrocinio a concurso público. «Si hubiese sido un contrato de patrocinio y no un convenio tendría que haber tenido publicidad y concurrencia, por ser un gasto de 120.000 euros», ha declarado Bonet.

En el convenio constaba la exclusividad del Instituo Nóos para la prestación de los servicios. Pero eso era otra trampa legal. «La exclusividad venía dada por el comentario que me hizo el director gerente transmitiéndome la orden de Presidencia, por eso hice constar tal exclusividad, pero no lo comprobamos. porque estaba hecho y recibí la orden de que se hiciera de esta manera».

Asimismo, Bonet ha insistido en que el trabajo realizado por Nóos lo podría haber hecho otra empresa si se hubiese sacado a concurso público. «Pero no comprobamos si había más empresas para hacerlo. Porque la orden era drástica. Esto era una prestación de servicios pero se le dio forma de convenio de colaboración porque esa fue la orden. En Ibatur teníamos clara la orden férrea de que todo lo que viniera de Presidencia no se discutía».

El informe jurídico de Bonet fue realizado el 16 de febrero, según ha declarado, pese a que Ibatur ya estaba pagando facturas desde 10 días antes, algo excepcional según el ex asesor jurídico del turismo balear. «No era un proceder habitual que se pagaran facturas antes de que hubiese una resolución que las sustentase».

ACUSACIÓN PÚBLICA

La abogada de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha preguntado a Bonet si sabía que lo que hizo era ilegal. El ex secretario de Ibatur se ha limitado a declarar que «ahora me arrepiento y pido perdón, debería haberme rebelado, aunque me habrían despedido».