Calvo dice que a Llarena lo debe defender el Poder Judicial, no el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de dejar sin defensa al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, contra el que el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont presentó una demanda civil en Bélgica. Según Calvo, debe ampararle el Poder Judicial y no el Ejecutivo.

La vicepresidenta ha señalado que, en este caso concreto, el Gobierno lo que sí va a hacer llegado el caso, cuando la demanda sea admitida, será «defender la soberanía jurisdiccional de España». Es decir, indicarle a la justicia belga «que no se puede inmiscuir en procedimientos» del espacio propio español, «que debe ser inmune».

Lo que no ha explicado Calvo es por qué el Ejecutivo considera que la demanda en sí contra el magistrado no es considerada parte de la jurisdicción española que hay que defender. El Gobierno detalla que si Puigdemont y el resto de demandantes —todos ellos exconsellers huidos de la Justicia española— acusan al juez por «actos provados», Moncloa no debe intervenir.

Pero el caso es que esos «actos privados» que los golpistas atribuyen a Llarena son unas «manifestaciones públicas» que, según ellos, demostrarían su falta de imparcialidad para juzgarlos. Es decir, un caso que debería inscribirse única y exclusivamente en la jurisdicción española y en la posibilidad de todo reo a la recusación de un juez para defender su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, la vicepresidenta ha dejado este aspecto sin tratar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ratificando el anuncio hecho el jueves por el Ministerio de Justicia —en contra de los informes de la Abogacía del Estado—, que estudia contratar un bufete privado en Bélgica que defienda la «competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española» en la causa del ‘procés’ frente a la demanda civil presentada contra Llarena por Puigdemont. Pero «en ningún caso» Justicia asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo «por los actos privados que se le atribuyen», han precisado fuentes del departamento.

Puigdemont y cuatro de sus exconsellers se refieran en su demanda a las manifestaciones que Llarena habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero.

Según los ex miembros del Gobierno catalán, Llarena habría mostrado en sus comentarios una falta de imparcialidad que le inhabilita para investigarles, al rechazar en unas declaraciones que en España hubiera presos políticos. Por ello solicitan ser indemnizados por el magistrado con una cantidad simbólica de un euro.