El bloque izquierdista del CGPJ quiere premiar sólo a mujeres que cogieron bajas maternales
El órgano de gobierno de los jueces desestimará recursos que piden una baremación sobre el historial de conciliación
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está impulsando una Red de Especialistas en Igualdad (REI), diseñada para apoyar a los jueces en temas de igualdad, conciliación y enjuiciamiento «con perspectiva de género». Para el proceso de selección del personal se está impulsando un sistema de valoración de méritos profesionales, que asigna diferentes puntuaciones según las bajas y excedencias por maternidad que las candidatas hayan disfrutado. Esto ha generado críticas por parte de magistradas que consideran que perpetúa desigualdades entre mujeres, especialmente entre aquellas que no pudieron o quisieron tener hijos, que optaron por no tomar bajas o que decidieron compaginar su trabajo con la crianza de sus hijos.
El sistema fomentado por el bloque izquierdista del órgano de gobierno de los jueces incluye, ante la falta de datos objetivos para primar a mujeres sobre los hombres, una baremación por puntos en función del número de hijos, sus edades y si se tramitaron expedientes de excedencia maternal. Se trata de «un sinsentido» según las fuentes consultadas, ya que consideran que no se tiene en cuenta la situación familiar de cada juez, si los niños tienen problemas específicos, etc.
El modelo propuesto para la selección de los asesores de igualdad para los jueces busca reconocer el impacto de la maternidad en la trayectoria profesional de las juezas. Sin embargo, desde diversos sectores de la carrera judicial surgen críticas que lo califican de inequitativo y discriminatorio, ya que penaliza a las madres que decidieron no acogerse a bajas o excedencias laborales o que optaron por combinar su actividad judicial con la crianza de sus hijos sin interrupciones.
“Con este sistema, se está generando una clasificación entre madres: las que optaron por solicitar bajas y las que no. Nos dividen en lugar de reconocer el esfuerzo que todas hacemos, en circunstancias muy distintas”, señala una magistrada. Además, muchas juezas, por sus características médicas, personales o de cualquier otro tipo, no pudieron tener hijos y se quedarían fuera de poder obtener esos puntos extra si se generaliza ese sistema de puntos en las oposiciones.
Estas magistradas denuncian que el sistema refuerza una narrativa en la que solo se premia a quienes se ajustan a un modelo de maternidad concreto, dejando fuera otras formas de conciliación igualmente válidas. «Yo tuve dos hijos y pude gestionarlo con ayuda de mi marido y una persona que contraté. Mis hijos aprendieron a hacer los deberes solos y en otras épocas yo tuve que trabajar por la noche para poder ayudarles», relata una magistrada.
«Es como si nuestro compromiso con la judicatura y la igualdad de género se midiera por las bajas y excedencias que tomamos, cuando muchas hemos renunciado a ellas para no comprometer nuestro progreso profesional o hemos preferido trabajar y criar al mismo tiempo», argumenta otra juez.
Esta polémica adquiere especial relevancia en el contexto de crear la nueva Red de Especialistas en Igualdad, que tiene como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las políticas de conciliación en la carrera judicial. Para muchas juezas, la creación de la REI es un paso positivo, pero no entienden que arranque hablando, entre líneas, de buenas y malas madres, si no pudieron o quisieron acogerse a medidas de conciliación.
En un sistema donde la conciliación debería ser un pilar central, la dependencia de baremos rígidos, como el sistema de puntuación por bajas maternales, está siendo percibida como un obstáculo para alcanzar una verdadera equidad.
Los defensores del sistema propuesto argumentan que estas medidas buscan visibilizar los desafíos de la maternidad en el ámbito laboral y reducir las desigualdades históricas que afectan a las mujeres en la judicatura. Sin embargo, los críticos insisten en que las políticas de igualdad no pueden quedarse en reconocimientos basados en un solo modelo de experiencia vital, especialmente cuando excluyen o desincentivan otras formas de contribuir al desarrollo profesional y familiar. Se trata de un sistema que confronta y abre la puerta a que la REI acabe derrapando y no siendo eficaz. Al menos una asociación de jueces feminista ha presentado recursos a favor de este sistema, pero será previsiblemente desestimado por el CGPJ.
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