La Audiencia Nacional reabre un crimen sin resolver de ETA: el asesinato del concejal Pedrosa, del PP

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado la reapertura del sumario por el asesinato del concejal del PP en Durango (Vizcaya) Jesús María Pedrosa, cometido por ETA el 4 de junio de 2000. El magistrado admite a trámite la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra diez ex dirigentes de la banda terrorista que presuntamente integraban su comité ejecutivo cuando se cometió el atentado.

La querella tipifica los hechos como delito de asesinato en conexión con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas y se dirige, entre otros, contra ex responsables del aparato militar de ETA como Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, Javier García Gaztelu, Txapote, Juan Antonio Olarra Guridi o Ainhoa Múgica Goñi.

En la querella que ahora investigará el juez Abascal, Dignidad y Justicia relata que a lo largo de todos estos años los comités ejecutivos de ETA, Zubas, han dirigido la política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista, mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iban ampliando e individualizando sobre los ciudadanos que ejercían resistencia cívica democrática ante ETA, influyendo también así en el censo electoral, al cambiar la demografía del País Vasco.

Jesús María Pedrosa Urquiza fue asesinado la mañana del 4 de junio de 2000 en Durango, cuando regresaba caminando a su domicilio. Un integrante de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca a bocajarro, causándole la muerte de forma casi instantánea. Un segundo terrorista, también sin identificar, recogió en un vehículo al autor material del atentado y juntos se dieron a la fuga.

La querella sitúa este asesinato como consecuencia de la resistencia cívica y heroica del concejal del PP ante ETA y por su negativa a abandonar su tierra natal. Según los querellantes, fue un crimen instrumental o ejemplarizante de cara a otros muchos perseguidos por la banda terrorista a los que igualmente la banda quería expulsar del territorio en el que se hallaban legítimamente presentes.

En su auto, el juez Abascal explica que desde principios de los años 80, ETA dispuso de una jerarquía en la que su cúpula o comité ejecutivo asumía todas las funciones directivas y, en consecuencia, las tomas de decisiones para llevar a cabo una acción terrorista, aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo, se difundían a todos los militantes. “El comité ejecutivo -explica- decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

Esto reforzaría la tesis de que no es necesario tener cargos de delitos de sangre para haber participado directamente en la selección de objetivos, crucial cuando se habla, por ejemplo, del pasado de Arnaldo Otegi como dirigente de la banda.

Después de analizar los informes de información relacionados con ETA, el magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Uno considera que la querella tiene una primera apariencia de infracción penal.

El instructor señala que las amenazas que recibió el concejal antes de su muerte y su posterior ejecución «evidencian el carácter concursal y conexo entre el intento de expulsión y el propio asesinato que se produjo, tal y como la propia organización terrorista reivindicó en el Zuzen 79 (contra los políticos responsables del aplastamiento de Euskal Herria»).

Una estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente que alimenta el clima de amenaza con vocación de perdurar en el tiempo, y que llega hasta nuestros días, por mucho que estemos inmersos en una campaña gubernamental de blanqueo y olvido.

Para el magistrado, el asesinato de Jesús María Pedrosa no sólo es un asesinato terrorista. «Supone, además, una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, y con eso no solo se acaba con la vida de la concreta persona, en este caso el Sr. Pedrosa Urquiza, sino que se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo».

Por todo ello y para esclarecer el asesinato del concejal, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella y practicar una serie de diligencias y cuantas sean necesarias para aclarar la responsabilidad de los integrantes del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del asesinato de Jesús María Pedrosa.

Entre ellas, solicita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional un informe que incluya las acciones de amenazas, coacciones y hostigamiento cometidas contra militantes de partidos políticos constitucionalistas en el periodo de tiempo inmediatamente anterior, simultáneo y posterior al asesinato del concejal en junio de 2000, «debiendo evaluarse en concreto si, como consecuencia de ese clima intimidatorio, dichas personas pudieron abandonar el País Vasco».

Se trataría, según el juez, de determinar su participación en todas las coacciones, amenazas y posterior asesinato bien como autores mediatos, o como responsables del delito cometido por la organización terrorista en comisión por omisión.

Este crimen, ahora investigado de nuevo, forma parte de uno de los más de 300 aún sin resolver cometidos por la banda terrorista ETA, mientras sus herederos políticos se sientan en el Congreso de los Diputados y condicionan el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo socios prioritarios.