La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje de los Mossos a Josep Ramon Bosch

Y ordena remitir las investigaciones a Instrucción 22, para que se acumulen a una causa sobre el mismo asunto más antigua «estando como está pendiente ese Juzgado de Instrucción num. 22 de lo que resuelva en esta Alzada» sobre el sobreseimiento decretado en enero respecto a esta otra investigación.

La representación de Bosch recurrió el archivo del caso después de que el Juzgado de Instrucción 19 considerara que en la documentación que forma parte de la causa «únicamente se detectarían meras referencias nominales» al presidente de SCC, sin que se constataran los seguimientos, control, espionaje o vigilancia, según la instructora.

La Audiencia indica ahora que el recurso debe prosperar porque «del informe policial remitido a Fiscalía y que obra en las actuaciones se deducirían elementos indiciarios suficientes para continuar las actuaciones».

Concreta que hay una foto de Bosch en un documento con un «Organigrama a color con el supuesto entramado de la denominada Operación Catalunya, conteniendo las fotografías de diversos políticos del PP, PSOE, periodistas, empresarios, detectives, comisarios del CNP, miembros de Sociedad Civil Catalana, de otras plataformas civiles y nombres de empresas».

Y que se define a Bosch como «empresario y activista político catalán de carácter españolista, que militó en el Partido Popular (PP), fundador de Somatemps y presidió la plataforma unionista Societat Civil Catalana».

El tribunal concluye que el hecho de que figure en el «organigrama a color como vinculado a la Societat Civil Catalana en el seno del entramado de vigilancias y controles de la denominada Operación Cataluña, autoriza a deducir racionalmente, al menos con carácter indiciario, que estaría siendo objeto el querellante de las vigilancias y controles que se denuncian».

Y destaca que el periodista Carlos Cuesta, que publicó una noticia que dio pie a la querella, testificó que un informante le dijo que Bosch «era de las personas más vigiladas tanto en su vida pública como privada».

El abogado José María Fuster-Fabra se querelló contra los Mossos por presunto espionaje y también lo hizo en nombre del presidente de SCC; del secretario general del sindicato de la policía catalana SPC, David José, y de su hijo menor de 15 años; otra de su exmujer, y otra de la Plataforma Barcelona con la Selección, entre otras.

Las querellas se dirigían contra los funcionarios de los Mossos que puedan ser identificados como culpables de los seguimientos y por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y revelación de secretos.

El 26 de octubre de 2017, la Policía Nacional interceptó en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) una furgoneta con documentación de los Mossos para comprobar si esos papeles tenían relación con el referéndum de independencia que se había celebrado el día 1 de ese mes.

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Cataluña elaboró un informe que apuntaba a que la documentación que se trató de destruir estaba relacionada con supuestas irregularidades de la policía catalana.