Así fue el Pleno más tenso del Constitucional que acabó en una derrota histórica de Sánchez

Durante nueve intensas horas los 11 magistrados que conforman el Tribunal Constitucional debatieron este lunes en la sede del órgano garante de la Carta Magna sobre si se debía frenar el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial. Un pleno intenso, en el que hubo momentos de crispación, pero en el que, según fuentes judiciales presentes, no se llegaron a perder las formas. En dicha reunión, los miembros de la Corte de Garantías resolvieron en un pleno histórico adoptar las medidas cautelarísimas, por seis votos frente a cinco, solicitadas por el PP y parar la votación en el Senado de una insólita reforma del Código Penal que, vía enmiendas, modificaba las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Constitucional.

En general, explican a OKDIARIO, los magistrados mantuvieron un debate en el que se primó la dialéctica jurídica, sin embargo, alguno de los jueces –explican– se mostraron más tensos. Señalan al que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, y al magistrado Ramón Sáez. En varias ocasiones, añaden, estos jueces aseguraban que lo que allí se estaba acordando era algo «gravísimo».

En realidad, los seis magistrados que han votado a favor de adoptar las cautelarísimas lo han hecho para velar por un derecho fundamental de los parlamentarios, puesto que consideran que se ha vulnerado el ius in officium con una reforma que, añaden, además, es inconstitucional. Algo que deberá resolverse si, en un futuro, llega a tramitarse. Y es que, Sánchez maniobró para aprobar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley –en lugar de un proyecto de ley– por la que se suprime el delito de sedición para introducir, vía enmienda, la rebaja de la malversación y el cambio en la elección de magistrados para el Constitucional. Esta treta le permitió una tramitación exprés, ahorrándose los informes de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, con el fin de que los cambios pudiesen entrar en vigor a finales de año.

Pero el PP recurrió en amparo ante el Constitucional al entender que Sánchez había hecho «un uso fraudulento de los trámites parlamentarios» por la «falta de conexión» de las enmiendas con la proposición de ley, para dar vía libre a unas modificaciones que son «inconstitucionales de forma manifiesta». Además, de haber vulnerado un derecho fundamental de los parlamentarios. Así lo han defendido los seis magistrados que fueron designados a propuesta del PP en el Constitucional.

Todos ellos explicaron en el Pleno, según cuentan a este periódico, que entienden que en el supuesto de que esta ley llegase a aprobarse de manera definitiva –debía votarse en el senado el 22 de diciembre coincidiendo con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad– se «consumaría la barbarie» y el derecho de los parlamentarios se habría vulnerado sin perjuicio de poder restablecerlo. El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional, fue el último en intervenir. Fuentes del órgano califican de «brillante» su intervención.

Por su parte, el bloque de los afines al PSOE se mostró contrario a admitir las cautelarísimas. El vicepresidente del Constitucional, Juan Antonio Xiol, calificó la medida aprobada por la mayoría –seis votos frente a cinco han acordado adoptar las medidas cautelarísimas– como «un atentado contra el Parlamento». Este magistrado llegó a acusar a sus compañeros de haberse «inmiscuido en la libertad parlamentaria». Los magistrados del bloque izquierdista Pumpido, Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Juan Antonio Xiol que han votado en contra de las cautelarísimas preparan votos particulares que serán «duros», explican las mismas fuentes, contra los magistrados que han logrado parar el golpe de Pedro Sánchez al Poder Judicial.