La Asamblea aprueba que el Gobierno «detalle toda la información del estado de las filiales del Canal»

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad una resolución presentada por el Grupo Socialista en el marco del pleno monográfico sobre el Canal de Isabel II por la que insta al Gobierno regional a «proporcionar toda la información detallada del estado en que se encuentran las empresas filiales del Canal de Isabel II que operan en Iberoamérica así como, en su caso, el estado de liquidación o cierre».

La cámara regional también ha solicitado, con los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos, «impulsar las medidas legislativas de carácter estatal que sean necesarias para que quienes sean condenados por las causas que están abiertas en relación con el Canal de Isabel II respondan con su patrimonio con el fin de procurar que se restituya el daño económico que se haya ocasionado al contribuyente madrileño por esta causa», a instancias del Grupo Socialista.

Otra de las propuestas de resolución que ha salido adelante es la de Ciudadanos que defiende que Canal de Isabel II necesite la autorización del Consejo de Gobierno para crear o disolver sociedades de capital.

En cuanto a la propuesta del PP, se ha aprobado modificar la ley que regula capitalización en el Canal de Isabel II con el fin de evitar la entrada de capital privado en la empresa de aguas madrileña y que establece que la sociedad seguirá siendo una Sociedad Anónima (S.A.).

«La Asamblea de Madrid considera necesario que se amplíe el objeto de estudio de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política en la Comunidad de Madrid a fin de que se faciliten e investiguen las relaciones de los cargos públicos que en diferentes momentos han formado parte de los consejos de administración de las entidades del Grupo Canal y su vinculación directa o indirecta con las decisiones adoptadas, así como las posibles implicaciones sobre la financiación del Partido Popular de Madrid», señala otra de las propuestas presentadas por el PSOE, aprobada con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.