Ana Alarcón (SUP): «Ya hemos visto a inmigrantes con 100 detenciones que obtienen los papeles»

«Ya hemos visto a inmigrantes con 100 detenciones o documentación caducada que obtienen los papeles». Lo denuncia Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que añade, por la avalancha de solicitudes «ahora tememos que se cuelen más y con perfiles más peligrosos». En una entrevista a OKDIARIO, la portavoz del SUP es clara: «Yo no puedo viajar con un DNI caducado, pero se está regularizando a inmigrantes con pasaporte y documentación caducada».

Ana Alarcón expresa el «malestar de la Policía» sobre el proceso de regularización exprés, extraordinario y masivo aprobado por el Gobierno: «Nadie nos ha comunicado nada». Ana Alarcón habla de una regularización “improvisada, sin planificación ni refuerzo de plantillas y sin saber, siquiera, a cuántos inmigrantes afecta”. La portavoz del SUP dice abiertamente: “Tememos que el proceso de regularización extraordinaria sea un coladero por la falta de controles rigurosos”.

Ana Alarcón explica que el primer filtro será Correos, como encargado de registrar las solicitudes recibidas: «Sus trabajadores están como nosotros, tampoco saben nada”. Preguntamos a la portavoz del SUP quién se ocupará de comprobar que esa documentación no es falsa y más siendo digital. Viene a decir que nadie, tal cual está planteada una regularización tan masiva y en tan poco tiempo para resolverla como esta: «Cuando el expediente pasa la fase inicial ya es muy difícil. Admitida a trámite como válida una documentación, ya no se vuelve a comprobar”.

Ana Alarcón explica que la mera admisión a trámite ya es un chollo: «Admitido a trámite el expediente, no se les puede ya expulsar y adquieren el derecho a trabajar. Las órdenes de expulsión o devolución de un inmigrante irregular quedarán automáticamente paralizadas si se admite a trámite su solicitud de regularización».

Correos registrará en el sistema los cientos de miles de peticiones y de allí, las enviará a un órgano tan político y politizado por Pedro Sánchez como las subdelegaciones del Gobierno de cada provincia.

Antecedentes policiales

Aquí ya entra, de lleno, el factor político. La regularización aprobada por el Gobierno da un papel estelar y definitivo a la UTEX, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La UTEX está concebida como una unidad de apoyo de gestión de los expedientes de extranjería de cualquier provincia, aunque su sede está en Vigo. De facto, va a centralizar esta regularización, dado que las subdelegaciones del Gobierno se van a ver desbordadas. Su función es «tramitar, estudiar y proponer la resolución de autorizaciones de residencia y trabajo». Es decir, serán unos funcionarios de la ministra Elma Saiz los que decidirán o funcionarios de Marlaska en las subdelegaciones del Gobierno.

Ana Alarcón lo explica: «Será un funcionario y no un policía el que decidirá si regulariza a un extranjero con 100 detenciones porque considere que no son detenciones graves. Será la administración quien determine si un inmigrante con 100 detenciones, como tenemos nosotros registrados en nuestras bases, es o no un peligro para la sociedad».

Por eso, la portavoz del SUP tiene claro que, ante la avalancha masiva de expedientes y el escaso tiempo para resolverlos, «habrá inmigrantes que obtengan la regularización con antecedentes policiales». Y reitera lo dicho en procesos anteriores: «Ya hemos visto a inmigrantes con 100 detenciones que obtienen los papeles».

Antecedentes penales

El Gobierno ha reservado a la Policía la tarea casi imposible de comprobar los antecedentes penales de cientos de miles de personas en apenas unas semanas. Ana Alarcón reconoce que sus países de origen, especialmente los africanos, por sus características, no van a colaborar: «No van a facilitar fácilmente sus antecedentes penales». Y constata: «En muchos de esos países puedes comprar un certificado falso y que te lo manden». Además, cuenta la portavoz del SUP que «si sus países de origen no les mandan el certificado de penales, se amplía 15 días el plazo para el inmigrante». Más facilidades para el inmigrante irregular.

Pregunta de perogrullo a Ana Alarcón: «¿Qué pasará con las decenas de miles de inmigrantes que no consigan la regularización?». Respuesta evidente de Ana Alarcón sonriendo: «Se quedarán igualmente en España a esperar a la próxima». Porque la experiencia policial, cuenta la portavoz del SUP, es que estos procesos producen un efecto llamada. «Y más cuando España va en la dirección contraria a Europa, que está endureciendo los requisitos», señala Alarcón.

Ana Alarcón tiene claro que «el perfil de inmigrante irregular que comete constantemente delitos menores es muy peligroso porque genera inseguridad y rompe la convivencia social». Constata que «gente que lleva en España apenas cinco meses ni está integrada ni tiene arraigo», pero se van a ver beneficiados por esta regularización exprés. Y denuncia el «agravio comparativo más que evidente» con los inmigrantes que llevan años esperando justificar el arraigo y cumplieron la ley para venir a España.

«Compromete la seguridad»

Para Ana Alarcón, el problema de base es la falta de control de la frontera y que se deje asentar en España a quienes han entrado de manera ilegal. Denuncia que «la falta de medios policiales para controlar las fronteras no ha mejorado». Es más, desde el anuncio de la regularización, la policía ha detectado, particularmente en Ceuta, entradas ilegales: «Aunque no cumplan el requisito de estar en España antes del 1 de enero, ellos confían en que las mafias les ayuden con la falsificación de documentos».

Ana Alarcón lamenta: «¿Por qué no hacen caso a la Policía?». Y concluye sobre el proceso de regularización de cientos de miles de inmigrantes irregulares que se inicia ahora: «Estamos avisando de una realidad operativa que compromete la seguridad de los ciudadanos de España».