Almeida asegura que no hay restos de brigadistas en la parcela donde el Gobierno obligó a parar las obras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que no se han detectado ningún indicio de restos humanos en la parcela destinada a construir el cantón de Montecarmelo, donde el Gobierno pidió paralizar las obras por la «posibilidad» de que existiese una fosa. Pese a que no se han hallado estos, el informe encargado por el Consistorio sí constata indicios de movimientos de tierra anómalos en una parcela adyacente.

Así lo ha expresado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, donde ha dado a conocer que el Ayuntamiento ya ha recibido el informe del georradar sobre los terrenos en los que se asienta esta infraestructura de limpieza. «No hay ningún tipo de evidencia sobre que haya habido un movimiento anómalo de tierras que indicara que pueda haber algún tipo de resto», ha afirmado Almeida, a la vez que ha insistido en que lo que localiza e identifica este georradar son movimientos anómalos de tierras.

De esta forma, ha detallado que lo que sí se ha identificado en una parcela adyacente a ese solar un movimiento anómalo de tierras, aunque no se puede identificar en este momento qué tipo de restos pueden ser. «Nosotros al Ministerio (de Política Territorial y Memoria Democrática) le vamos a dar traslado de ese informe. Si el Ministerio quiere entrar en esa parcela adyacente a comprobar si son restos humanos y, en su caso, de la Guerra Civil, podrá hacer las investigaciones que estime oportunas», ha señalado el regidor.

Estudio del Gobierno

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, exigía al Ayuntamiento de Madrid que paralizase todas las acciones que se estaban llevando a cabo sobre el terreno, sin embargo, el propio Gobierno renunció a investigar esta fosa tras movilizar 17.000 euros para contratar a una empresa que estudiase los terrenos. El pasado 16 de febrero el Gobierno central aprobó un gasto de 17.400 euros y adjudicó a una empresa un contrato para la realización de sondeos arqueológicos en esta parcela, aunque, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, aluden a la falta de documentación necesaria.

El 28 de febrero, la empresa contratada por el Gobierno solicitó al Consistorio capitalino una ocupación temporal del terreno donde se podía hallar dicha fosa para llevar a cabo el proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral. En su solicitud, adjuntaron el proyecto y detallaron que los trabajos se extenderán durante tres semanas, han detallado desde el área.

Unos días más tarde, tras analizar la solicitud, el Ayuntamiento requirió a la empresa que, en un plazo de 10 días, debía definir la superficie afectada y presentar la autorización específica de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Memoria Democrática.

Un mes más tarde, la adjudicataria presentó un plano aproximado de la superficie a ocupar y la resolución de adjudicación del contrato por parte del Gobierno, aunque desde el Ayuntamiento han defendido que no se aportó la autorización exigida por la Ley de Memoria Democrática. El 11 de abril, el Ayuntamiento, tras no constatar que la empresa no había aportado la autorización requerida por la Ley, otorgó un nuevo plazo de 10 días y desde entonces no tiene constancia de que se haya presentado dicha autorización.