Ayuntamiento de Santiago

El alcalde podemita de Santiago usa a los Reyes Magos para adoctrinar en ideología de género

“El juego es una poderosa herramienta educativa, indispensable para el desarrollo del niño o la niña”

El ayuntamiento de Santiago usa a la Barbie para ello

Martiño Noriega
Martiño Noriega, alcalde de Santiago. (Foto: Compostela Aberta)

El ayuntamiento de Santiago de Compostela gobernado por la composición podemita Compostela Aberta ha distribuido un folleto en el que insta a los padres a elegir los regalos de reyes siguiendo unos patrones de adoctrinamiento en ideología de género.

“El juego es una poderosa herramienta educativa, indispensable para el desarrollo del niño o la niña”, argumentan en su decálogo. Con estas ‘normas” pretenden romper los “estereotipos” generados por los juguetes en los menores.

“Los colores tampoco tienen sexo, no los asignemos. Si existe un número infinito de colores para poder pintar, no limitemos su creatividad”, recomiendan desde el consistorio a los padres sobre las actividades relacionadas con colorear de sus hijos.

Además de incluir medidas lógicas como que sean los niños los que elijan sus juguetes, sin condicionarles, incluyen medidas como que “a la hora de comprar libros se seleccionen las historias en las que los protagonistas no sean únicamente masculinos”.

Todo el decálogo está escrito usando el lenguaje inclusivo, por lo que cada frase incluye la especificación “y niña” tras la palabra “niño”.

Para el folleto han elegido la figura de la Barbie y el Madelman. La muñeca, vestida de obra pero con su característico pelo rubio y la figura que muchos colectivos feministas relacionados con Podemos han criticado. Al muñeco puede vérsele con dos niños y haciendo funciones de padre.

Podemos y la ideología de género

El partido de Pablo Iglesias siempre ha hecho especial hincapié en la ideología de género. Una de las mayores polémicas que el partido ha vivido ha sido precisamente relacionada con este asunto.

En el año 2017 Podemos presentó una proposición de ley mediante la cual pretendía imponer multas administrativas a todo aquél que ofendiese al colectivo LGTB sin la participación de un juez. La proposición chocaba, además, con el artículo 20 de la Constitución, en el que se defiende el derecho a la libertad de expresión.

Los castigos serían en este caso impuestos por las administraciones y no por los jueces.

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