La acusación pide prisión provisional para Raúl Morodo por los cobros de la petrolera chavista

El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Morodo, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal la prisión provisional o medidas cautelares para el embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y para el hijo de éste, Alejo Morodo, con el objetivo de que no puedan zafarse de la acción de la Justicia. Ambos están siendo investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional por percibir entre 2011 y 2015 «fondos procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA) por un importe total de 4.527.270 euros, carentes, hasta la fecha, de toda justificación real y lógica comercial», según señalaba la Fiscalía Anticorrupción.

Según ha podido saber OKDIARIO, el letrado del sindicato Manos Limpias, José María Bueno, solicita el ingreso en prisión del diplomático y su hijo, o bien medidas cautelares tales como pulsera telemática o comparecencias apud acta diarias. Esto es la obligación de acudir a firmar regularmente (la frecuencia puede ser mensual, quincenal, semanal o, incluso, diaria), identificándose debidamente con el documento de identidad u otro documento, o bien al juzgado o bien a la comisaría más cercana al lugar de residencia del investigado. Además, el sindicato Manos Limpias, como recuerda el letrado, no ha sido nunca condenado por ninguna causa, ni civil  ni penalmente.

La acusación solicita esta medida al entender que los investigados «no van a colaborar con la Justicia dado que este lunes se han negado a declarar ante el juez», según fuentes consultadas. Las mismas fuentes explican que el sindicato ha tomado esta decisión «siguiendo el criterio aplicado por el juez Santiago Pedraz con el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard». El magistrado Pedraz –añaden– decretó prisión provisional para Bernard cuando éste tenía 75 años y como única fuente de ingresos la pensión por jubilación.

El embajador de ZP

El ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, que ocupó el cargo durante los mandatos de Hugo Chávez en el país sudamericano y José Luis Rodríguez Zapatero en España, está imputado en la causa  en la que se investiga el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). La Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia Morodo de blanquear en España 4,5 millones de euros que habría obtenido de «contratos falsos por asesoramiento profesional a la petrolera».

Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, padre e hijo se han acogido este lunes a su derecho a no declarar, mientras que la ex mujer de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, y la esposa de Alejo Morodo, Ana Catarina Varanda, sólo han contestado a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.

El juez Alejandro Abascal ha citado al ex embajador, junto a otra veintena de personas, entre imputados y testigos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quería interrogarles sobre la documentación bancaria obtenida tanto de entidades españolas como extranjeras y sobre los archivos incautados en algunos registros.

El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.