CSIF aconseja a los funcionarios de Cataluña denunciar a la Policía las «órdenes ilegales» que puedan recibir

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos de Cataluña reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban «órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores».

A través de un comunicado, el sindicato ha informado de las solicitudes remitidas por parte de los funcionarios tras anunciar el presidente catalán, Carles Puigdemont, la fecha y la pregunta del referéndum de independencia, que pretende celebrar el 1 de octubre.

CSIF asegura haber recibido solicitudes de información en diferentes departamentos, como justicia, prisiones, educación, la Agencia Tributaria e incluso de la propia Generalitat. Además, asegura que tiene «constancia de funcionarios que se han negado a participar en el concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar para el referéndum».

En este sentido, desde el sindicato se va a iniciar una campaña informativa en la que se va a divulgar el protocolo a todos los departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como de la Administración General del Estado presente en Cataluña, «teniendo en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de la Generalitat para los funcionarios».

Seguridad y firmeza para los funcionarios

Asimismo, informa el sindicato, se intensificará la labor informativa en los centros educativos donde el Ejecutivo catalán tiene previsto organizar la consulta, «pensando especialmente» en los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el referéndum.

CSIF ha trasladado un mensaje de «seguridad y firmeza» a los funcionarios en el caso en que decidan no acatar órdenes del Gobierno catalán. Según el sindicato, «no incurrirán en ninguna responsabilidad cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional». «No caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat», añaden,

De esta manera, este organismo garantiza que el Estado «velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones en línea con el protocolo que ha diseñado CSIF, ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones».

Ir a la Policía a denunciar

El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, el protocolo «recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes». Es más, CSIF recomienda «interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales».