La Abogacía del Estado ya tiene redactado el recurso para que Otegi no sea candidato a lehendakari

La Abogacía del Estado ya tiene listo el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional si el mismo día 25 de agosto la Junta Electoral de Guipúzcoa aceptase la candidatura del proetarra Arnaldo Otegi, como ya anunció OKDIARIO. Fuentes gubernamentales anunciaron a este medio que, pese a tener hecho el recurso desde hace días, han puesto un mayor énfasis en la condena de la Audiencia Nacional que pesa sobre el proetarra, además de la inhabilitación a cargo público, que no permite que puedan votarlo. «No tiene derecho al voto pasivo», explican las mismas fuentes.

Los candidatos a los comicios vascos tienen de plazo entre los próximos días 17 y 22 para registrar sus candidaturas. El Ministerio Público defiende que la condena por pertenencia a organización terrorista, en concreto por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune, convierte a Otegi en «inelegible».

En el caso de que la Junta guipuzcoana no comparta este criterio y proclame su candidatura a lehendakari, fuentes gubernamentales cuentan con la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que resolvería en dos días. En caso de que el recurso fuera desestimado, la decisión se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional, que tendría que decidir antes del inicio de la campaña electoral, que dará inicio a las 12 de la noche del día de 9 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo vasco, Íñigo Urkullu, dio el pistoletazo de salida para esta cuenta atrás anunciando que las nuevas elecciones vascas serían el 25 de septiembre. Ello, alertó a la Abogacía del Estado a estar preparada por si la Junta Electoral vasca decidiese aprobar la candidatura de Otegi el mismo día 20. El pasado 12 de marzo, la dirección de EH Bildu propuso a Otegi como candidato y el 24 de mayo lo ratificaron. OKDIARIO publicó en exclusiva que los abogados del dirigente abertzale estaban dispuestos a acudir al Constitucional para recurrir su inhabilitación, lo que puso en alerta a varios miembros del Gobierno.

Desde hace semanas, varios ministros defendieron la incapacidad de Otegi para ser candidato y señalaron que no podría pasar por encima de la Ley. Fuentes judiciales recuerdan que Otegi “tiene expresamente prohibido por sentencia firme desempeñar cualquier cargo público hasta el 28 de febrero de 2021”.

Por otra parte, la Abogacía del Estado también se puso en contacto con varias asociaciones de víctimas del terrorismo para preparar un argumentario y ayudar así al Ejecutivo. Pidieron incluir, entre las normas a desarrollar por este nuevo Gobierno, que no pueda haber ningún condenado por terrorismo que sea declarado candidato bajo ningún partido político legalizado. Norma que ya está contemplada en la legislación internacional.

Se une la Fiscalía de la Audiencia Nacional

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ya anunció sin conocer los planes de la Abogacía del Estado que su departamento informará a la Junta Electoral de las condenas que pesan contra el candidato a lehendakari, para que ésta tome las oportunas decisiones. La Fiscalía recuerda que contra el exportavoz de Batasuna no sólo pesa una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público sino también otra de inhabilitación especial para el sufragio pasivo, que es el punto clave donde el organismo del Estado pone más énfasis en su escrito.

En mayo de 2012, el Tribunal Supremo (TS) rebajó de diez a seis años y medio de cárcel la condena que le impuso la Audiencia Nacional por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune, pero mantuvo los diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (que le impide siquiera presentarse como candidato a unos comicios) y para el ejercicio de empleo o cargo público.

Apoyo en el caso del etarra Iker Casanova

Como ya contó OKDIARIO, la defensa de Otegi se apoyará en el ‘caso Casanova’ para recurrir su inhabilitación. Se trata de un caso que creó precedente por la Fiscalía General del Estado. Los expertos señalan que es un mero defecto de forma y eso es lo que van a alegar sus abogados para que Otegi llegue a lehendakari.

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, fue condenado por terrorismo y también recayó sobre él una inhabilitación especial, se supone que hasta 2016, que no se llegó a aplicar porque en la sentencia no se concretó para qué empleos y cargos públicos se le debían de aplicar. Así, en 2014 el parlamentario tomó posesión de su escaño en el Parlamento vasco como diputado de Bildu. Desde Sortu se reafirman que el caso es el mismo que el de Otegi y que tras cumplida su pena de prisión, el etarra ya saldó su deuda para con la Justicia.

Los letrados de Otegi recuerdan que ya esgrimieron este antecedente el pasado diciembre ante la propia Audiencia Nacional en un recurso de súplica. Según defendieron se trata de “un requisito legal imprescindible que impiden que la pena pueda ser llevada a efecto al vulnerar el principio de legalidad”. Un caso que algunos juristas consultados aseguran que «nada tiene que ver con el caso de Otegi» y señalan que «son dos casos completamente diferentes».