Ábalos recusa al instructor de su expulsión del PSOE: filtró su resolución y ha caducado el expediente

El ex ministro José Luis Ábalos ha presentado en las últimas horas dos escritos ante la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: uno recusando al instructor de su expediente disciplinario orientado a su expulsión de la organización –Alberto Cachinero– y otro con alegaciones donde solicita el archivo del procedimiento por haber caducado los plazos legales. Tal como desvela OKDIARIO, el que hombre que lo fue casi todo en el PSOE denuncia la «parcialidad absoluta» del instructor, argumentando que diversos medios de comunicación adelantaron el 7 de noviembre que su expulsión del partido estaba confirmada cuando aún estaba en plazo para presentar alegaciones. «Dicha manifestación no puede surgir de otro lugar que del instructor», señala, evitando entrar en consideraciones sobre posibles filtraciones para no incurrir en «ámbitos propios del derecho penal».

«El presente instructor ya tiene adoptada la resolución definitiva aún cuando no ha finalizado el expediente, lo que no puede más que conducir a la conclusión de su absoluta parcialidad y predisposición para finalizar el expediente con expulsión sin atender ni a la conclusión del mismo ni las alegaciones que pueda realizar esta parte, ni al periodo de prueba que el órgano competente debe abrir Es por ello que, por medio del presente escrito se viene a recusar al presente instructor Alberto Cachinero ordenando la suspensión del presente proceso hasta el nombramiento de nuevo instructor, que deberá retrotraer todas las actuaciones», señala el propio Ábalos.

En su segundo escrito de alegaciones, el ex secretario de Organización del PSOE desarrolla varios argumentos de defensa. En primer lugar, reclama la caducidad del expediente citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que los procedimientos sancionadores no pueden alargarse indefinidamente, aunque los estatutos del partido no recojan expresamente plazos de caducidad.

Además, Ábalos denuncia que se le abrió expediente el 27 de febrero por no cumplir una resolución que no le fue notificada hasta el 5 de marzo. «No se puede acusar a este afiliado de haber obstruido la labor y decisión de los órganos del partido cuando no tenía conocimiento del contenido de dicha decisión», argumenta.

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE, conocedor a fondo de los resortes de Ferraz, también defiende su decisión de pasar al Grupo Mixto en lugar de entregar su acta de diputado, como le exigía el partido. Según explica, los medios ya adelantaban su paso al Grupo Mixto antes incluso de ser notificado del expediente, lo que le generó «gran indefensión». Además, recuerda que las actas son personales y el partido no tiene poder de disposición sobre ellas, según toda la jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional.

Por último, rechaza la acusación de menoscabar la imagen de las instituciones socialistas, calificándola de «apreciación absolutamente subjetiva» sin pruebas objetivas en el expediente.

Este enfrentamiento evidencia la creciente tensión entre Ábalos y la dirección del PSOE tras el estallido de la operación Delorme, que investiga presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y que afecta a su ex asesor Koldo García. El ex ministro solicita que se archive el procedimiento abierto tras la apertura del caso por parte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción y se le reintegren todos sus derechos como afiliado y cargo público.

El PSOE tendrá ahora que valorar si, tal como defiende Ábalos, tiene que cerrar el expediente de expulsión por estar mal tramitado desde el origen. El ex ministro dice que el instructor no es imparcial porque ha filtrado presuntamente que la decisión de echarle ya está tomada. Es más, Ábalos incorpora a las alegaciones una información que apunta a que su purga está prevista antes del congreso nacional del partido en diciembre. Las alegaciones que haga con este instructor parece no tener ningún recorrido ya que el juez interno del PSOE está contaminado de origen. Además, no se ha respetado escrupulosamente los procedimientos legales como marcar unos plazo claros, notificar correctamente el expediente a todos los interesados, aportar pruebas de cargo, etc.

El caso podría acabar con el de Joaquín Leguina. El ex presidente socialista de la Comunidad de Madrid ha demandado por la vía judicial a Ferraz y el sucesor de Ábalos en la sala de mandos de Ferraz, Santos Cerdán, ha tenido que desfilar por los juzgados para tratar de defender ese otro expediente de expulsión fulminante a su único dirigente que ha conseguido el despacho noble de la Administración regional madrileña. El PSOE la tomó con Leguina por hacer guiños a Isabel Díaz Ayuso en 2022 y casi tres años después el asunto aún coleará tiempo en los tribunales. Ábalos, por el momento, sigue en el PSOE y su caso, también, podría alargarse varios años.