Máster Cifuentes

La juez cita a declarar como imputado al director del máster de Cifuentes el 6 de junio

Enrique Álvarez Conde
Enrique Álvarez Conde, ex director del Instituto de Derecho Público de la URJC.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha admitido a trámite la denuncia presentada por un presunto delito de falsedad documental en el asunto popularmente conocido como ‘caso máster’ de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes y ha citado como imputado al director de dicho máster, Enrique Álvarez Conde, el próximo 6 de junio.

La denunciante, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Ángela Figueruelo, manifiestó que «nunca ha intervenido en la convalidación de la las asignaturas y que su firma ha sido falsificada».

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la magistrada ha incoado diligencias previas si bien ha inadmitido la querella contra la Universidad Rey Juan Carlos y contra el Instituto Universitario de Derecho Público al «no incardinarse la falsificación documental dentro del catálogo de delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas, ya que la responsabilidad penal de éstas sólo se produce en determinadas conductas penales donde así expresamente se estipula».

en la querella presentada se recoge expresamente la solicitud subsidiaria de que se tenga por formalizada denuncia en relación con cualquier persona que haya participado en los hechos denunciados, la magistrada considera que sí debe darse trámite a esta pretensión al poder subsumirse lo acaecido en un presunto delito de falsedad documental».

En consecuencia, la juez ha citado a declarar el próximo día 6 de junio a las 9:00 horas a Ángela Figueruelo; a las 9:30, y en calidad de investigado, a Enrique Álvarez Conde y a las 10:30 horas a doce testigos, entre ellos los profesores Clara Souto, Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

Además, el Juzgado solicita al Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos que remita antes del próximo 5 de junio los originales de las actas extendidas en Madrid en 24 de mayo de 2012 correspondientes a la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico para la convalidación de las tres asignaturas objeto del presente procedimiento.

También, la documentación administrativa correspondiente a la participación de Ángela Figueruelo Burrieza en el Máster de Derecho Público del Estado Autonómico y, en relación con el curso académico 2011-2012, el listado de los alumnos que cursaron el Máster y copia del expediente académico de todos los citados alumnos.

La Fiscalía traslada su diligencias

Este mismo viernes, la Fiscalía de área de Móstoles ha remitido al juzgado nº 51 de Madrid las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de las primeras denuncias atribuidas a hechos cometidos en la Universidad Rey Juan Carlos, URJC, con sede en Móstoles, relativos a las presuntas alteraciones materiales de los documentos, actas y expedientes del máster del Instituto de Derecho Público de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Según anunciaba el Ministerio Público, “las diligencias de investigación penal fueron incoadas y acumuladas por la Fiscalía de área de Móstoles poco después de ser presentadas. Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid dictó un auto el pasado 20 de abril en el que solicitaba a la Fiscalía de Madrid que le remitiera un informe en relación a unas diligencias abiertas en un procedimiento judicial respecto a unos hechos que pudieran tener relación de identidad con los que ya se investigaban en la Fiscalía de área de Móstoles”.

“Los hechos descritos en la querella presentada ante dicho juzgado”, añadía, “que pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad documental, fueron presuntamente cometido en el Instituto Público de Vicálvaro, sede subordinada de la URJC. En este sentido, del desarrollo de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Fiscal en Móstoles no se ha podido determinar de manera ‘concluyente’ el lugar de comisión del delito, por lo que no excluye la posibilidad de que se hubiera cometido en la sede del Instituto de Derecho Público de Vicálvaro”.

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