Bruselas pide datos de ciudades con alta okupación como Barcelona por vínculos con el crimen organizado
En la capital catalana la okupación ilegal ya es la primera preocupación de la población en materia de Vivienda
Bruselas ha planteado por primera vez a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aportar datos de zonas con alto índice de okupación ilegal, como es el caso de Barcelona, para crear una plataforma común y detectar si existe algún vínculo con el crimen organizado.
La semana pasada el Parlamento Europeo sacó adelante con el apoyo de quince eurodiputados del PSOE español un demoledor informe sobre Vivienda especialmente crítico con la okupación y el intervencionismo.
En el documento, la Cámara pide «una mejor cooperación, recopilación de datos e intercambio de información entre los Estados miembros» en materia de okupación y «un mejor uso de las herramientas de Europol cuando se sospeche que la delincuencia organizada está implicada».
Sobre esto último, destaca que habría que explorar en común el valor añadido «y la posible creación de una plataforma en línea» para que todas las naciones de la UE luchen en conjunto contra esta problemática.
En Barcelona es la «mayor preocupación»
En este contexto, el Ejecutivo podría plantear el análisis de datos de okupación ilegal de Barcelona. Según el último Barómetro de Grupo Mutua Propietarios, este fenómeno ya es el aspecto que más preocupa a la población, alcanzando una puntuación media de 7,56 y superando incluso al precio de compra de la vivienda (7,23).
Cabe recordar que el pasado mes de enero un análisis de Idealista advirtió que el 40% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña.
El gasto del hogar (7,22) y el precio del alquiler (6,87) y las leyes de vivienda (6,83) se sitúan en un nivel de preocupación intermedio, mientras que el mantenimiento de la vivienda (6,45) y la preocupación por disponer de una vivienda sostenible (6,22) generan inquietud, pero en menor medida.
Las diferencias por perfiles muestran patrones claros: las mujeres presentan sistemáticamente mayores niveles de preocupación que los hombres. En otro aspecto, los grupos de 35 a 64 años concentran los niveles más altos de preocupación, especialmente por la okupación y el precio de compra.
El PSOE, incoherente con la okupación
El texto aprobado hace tan solo unos días por los colegas de Sánchez en Europa subraya que la política de vivienda «debe lograr un equilibrio justo entre la protección de los derechos de los propietarios y la protección de los inquilinos».
En este sentido, apunta que los ciudadanos tienen derecho a poseer, utilizar, enajenar y heredar los bienes adquiridos legalmente y «condena enérgicamente» el fenómeno de la okupación ilegal de propiedades privadas y públicas en toda Europa.
Llama la atención de este asunto concreto que los socialistas españoles apoyaran un documento en el que se menciona específicamente que la okupación «vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada» y en el que se pide a los Estados miembros «que protejan este derecho fundamental y adopten medidas más estrictas para salvaguardar a los propietarios».
Las iniciativas que proponen y que apoyó una amplia mayoría en Bruselas pasaban por mecanismos jurídicos rápidos y eficaces para recuperar la propiedad, incluidas órdenes judiciales oportunas de desalojo.
Subraya en este sentido que la okupación ilegal de viviendas «puede generar inseguridad, deterioro urbano y tensión social, y socavar la cohesión social» y considera que el hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas «no es solo una cuestión de equidad y justicia, sino que también es vital para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquiler».
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