UGT, CCOO y el Sindicato de Circulación denunciarán ante la Justicia las filtraciones de los audios del accidente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha conseguido poner de acuerdo a prácticamente todos los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario, pero no para pactar una mejoría salarial o un cambio en las condiciones de los trabajadores, sino para pedir a la Justicia que investigue una posible ilegalidad que apunta hacia su departamento.

El detonante de este aluvión de demandas ha sido la filtración de los audios que recogen parte de las conversaciones mantenidas entre el personal del centro de control de Adif en Atocha y los conductores de los trenes Ave e Iryo que acabaron chocando en Urda (Toledo) el pasado miércoles, en un siniestro que se llevó por delante las vidas de 69 personas.

El hecho de que esos documentos sonoros fueran publicados apenas unas horas después de que el ministro apuntara por primera vez a la posibilidad de que una de las causas del siniestro fuera un error humano —algo que desviaba la atención del hecho evidente de que a la red le falta mantenimiento—, unido a que fueron medios afines al Ejecutivo los que dieron la exclusiva —la Cadena Ser, El País y eldiario.es—, ha hecho pensar a muchos que la filtración salió de alguna Administración.

Desde luego, así lo ven los sindicatos, por eso tres de ellos ya han anunciado que acudirán a la Justicia para que dirima responsabilidades. Se trata de CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación (CSF), mientras que Semaf (la organización más representativa entre los maquinistas) no se ha pronunciado todavía; al menos en lo que respecta a una posible demanda, pues por lo demás coinciden con los otros sindicatos en criticar que se filtrara información antes de que se  haya llevado a cabo una investigación independiente de los hechos.

Sea como fuere, lo que queda claro es que el Gobierno podría enfrentarse a una investigación judicial por este caso. La primera piedra la ha lanzado el CSF, que durante la mañana de ayer anunció que había presentado una denuncia ante el Juzgado de Orgaz (Toledo), que ha asumido ya formalmente la investigación del siniestro, para «esclarecer el origen de la filtración y que se depuren las responsabilidades que correspondan».

En opinión del CSF, la difusión de las grabaciones es «inaceptable» porque alimenta «juicios precipitados» y expone «injustamente» a los trabajadores implicados. «Señalar al responsable de circulación antes de conocer todas las circunstancias no es investigar», añadieron en el comunicado.

Como siempre ocurre cuando hay dudas en cuanto a una filtración, y sin que esto sirva de juicio preliminar, conviene preguntarse a quién beneficia, cosa que en este caso es evidente. Como ya se ha avanzado, lo cierto es que hasta que Puente se refirió al posible factor humano como una de las causas del choque, toda la atención estaba fijada en el sistema de seguridad LZB, un mecanismo que estaba pendiente de sustitución y que el día del accidente colapsó por una avería (según explicó el propio ministro).

Puente deslizó la posibilidad de un error por parte de un técnico, hipótesis que se vio aparentemente reforzada en cuanto se publicaron los audios, de los que -a falta de más contexto- se desprende que un empleado de Adif dio instrucciones al conductor del AVE para que avanzara a marcha normal cuando debería haberlo hecho en marcha a la vista (más despacio), dando lugar a que un convoy embistiera al otro por detrás.

En opinión de los sindicatos, que esa conversación acabara en los medios responde al interés del Ejecutivo por culpabilizar «a las personas trabajadoras» y poner «en la picota» al «eslabón más débil de la cadena». En estos términos se expresó el pasado jueves CCOO antes de anunciar, unas horas después, que va a presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y emprenderá «las acciones legales que correspondan».

Por su parte, en el comunicado en el que anunció acciones legales, UGT aseguró que no iba a aceptar «que se busquen culpables entre las personas trabajadoras para desviar la atención y eludir las responsabilidades de quienes tienen encomendada la dirección y gestión de nuestras empresas». «Las plantillas no pueden convertirse en el eslabón sobre el que se descarguen las consecuencias de decisiones organizativas, falta de recursos o deficiencias de gestión que no les corresponden», añadieron en la nota.

Con todo, Puente se postula para convertirse en el ministro más reprobado de la historia de su departamento. Tres días después del fatal accidente —el segundo en lo que va de año— sigue sin dimitir, y ello pese a que los cuatro sindicatos mayoritarios del sector ya le han exigido que se vaya. Ya el pasado jueves el titular de Transportes se enfrentó a una huelga convocada por parte de los maquinistas a cuenta de la falta de seguridad en la red -la movilización había sido convocada antes del accidente, por cierto- y los días 10 y 12 de noviembre hay convocados nuevos parones que por el momento solo suscribe Semaf, aunque en el sector crece el rumor de una mayor unidad de acción.