La UE prepara una reforma fiscal que encarecerá drásticamente el precio del tabaco

La Unión Europea (UE) se prepara para reformar a fondo la fiscalidad del tabaco. Lo hará a través de la conocida como Directiva sobre los Impuestos Especiales del Tabaco (TED), una propuesta que se encuentra aún en fase preliminar, pero que ya anticipa una subida sin precedentes en el precio de los productos del tabaco tradicionales y alternativos en todo el territorio europeo. 

El objetivo declarado de esta iniciativa es, por un lado, armonizar los impuestos que afectan a cigarrillos, cigarritos, tabaco de liar o tabaco calentado para evitar grandes diferencias entre Estados miembros; por otro, garantizar nuevas vías de financiación comunitaria, especialmente en un contexto marcado por los compromisos económicos derivados de la pandemia, la transición energética y la defensa. 

Impacto directo en el bolsillo de los consumidores

Los primeros datos filtrados indican que los aumentos serán especialmente notables en países como España, donde el precio de los cigarrillos podría pasar de una media de 5,60 a cerca de siete euros por cajetilla, es decir, un incremento aproximado del 30%. Aún mayor sería el encarecimiento del tabaco de liar —muy consumido por personas con menos recursos— que subiría más de un 60%, de 6,60 a 10,60 euros la bolsa de 30 gramos. En el caso de los cigarritos, el impacto sería incluso más acusado, pasando de 4,25 a siete euros, igualando así su precio al de los cigarrillos tradicionales. 

En Italia, se esperan subidas similares, con precios que podrían superar los seis euros por cajetilla. En Francia, donde el tabaco ya es uno de los más gravados del continente, el precio del paquete superaría los 12,40 euros. 

Preocupación por el auge del comercio ilegal

Este escenario abre la puerta a un fenómeno ya conocido en países donde estas medidas se han aplicado anteriormente: el crecimiento del contrabando y del mercado ilícito de cigarrillos. Según el último informe de la consultora KPMG, en 2024 se consumieron en la Unión Europea cerca de 39.000 millones de cigarrillos ilegales, lo que representa un 9,2% del total y una pérdida estimada de ingresos fiscales de 14.900 millones de euros. 

El caso de Francia es paradigmático. Tras la subida del precio del tabaco y la imposición del empaquetado genérico, el país experimentó un fuerte repunte del mercado negro. Solo en 2024 se consumieron allí unos 18.700 millones de cigarrillos ilícitos, de los cuales casi 7.800 millones eran falsificaciones. En Países Bajos, el contrabando creció un 140% en un solo año y ya representa cerca del 18% del consumo total, con pérdidas fiscales que triplican las de 2023. 

En España, aunque en menor escala, el fenómeno también empieza a tomar fuerza. El consumo de tabaco ilegal alcanzó los 1.400 millones de unidades en 2024, 52 millones más que el año anterior, y se estima que el Estado dejó de recaudar 263 millones de euros por este concepto. 

Fiscalidad común para productos emergentes

Además del aumento en los precios del tabaco convencional, la reforma de la Directiva TED prevé aplicar una fiscalidad armonizada también a productos emergentes como los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado. Hasta ahora, la tributación de estos dispositivos era muy desigual entre países, lo que generaba distorsiones en el mercado y favorecía prácticas de turismo fiscal o compras transfronterizas. 

Esta homogeneización busca no solo equilibrar las cargas impositivas, sino también evitar que el consumidor migre a productos menos gravados sin que ello suponga una mejora real para la salud pública. 

Consecuencias económicas y sociales

Los expertos advierten que esta reforma puede tener efectos sociales significativos. Por un lado, se espera que contribuya a reducir el consumo de tabaco en el largo plazo, especialmente entre los más jóvenes. Por otro, existe una preocupación creciente por el impacto que estas subidas tendrán en los colectivos más vulnerables y por el incentivo que puede suponer para el desarrollo de redes de contrabando. 

El debate se traslada ahora al ámbito comunitario, donde la Comisión deberá equilibrar sus objetivos fiscales y sanitarios con el riesgo real de fomentar un mercado negro que, como ya se ha demostrado, puede crecer rápidamente si no se acompaña de medidas eficaces de control y prevención.