Los tres planes laborales de los que presume Pedro Sánchez han desatado el caos en las empresas

Un discurso de investidura es para hacer promesas de futuro y, en el caso de un presidente que está en el poder, destacar sus logros. Y esto último lo hizo Pedro Sánchez el lunes al sacar pecho de tres planes laborales: “En los últimos doce meses de Gobierno, gracias también al apoyo de otras fuerzas parlamentarias, aprobamos la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros; aprobamos el Plan Director por un Trabajo Digno y regulamos el registro de jornada para garantizar el respeto de los límites horarios y la retribución de las horas extraordinarias”. El problema es que estas tres medidas han desatado el caso en las empresas en los últimos meses, frenando el empleo o destruyéndolo, aumentando la burocracia y demonizando a los empresarios.

Subida del salario mínimo

El mercado laboral podría verse afectado sensiblemente en la segunda mitad del año por la subida unilateral del salario mínimo impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, como avanzó OKDIARIO. De hecho, en colectivos como los empleados del hogar o el sector agrario (con sueldos que rondan el SMI) ya se ha producido una ralentización del empleo. A este efecto negativo habría que sumar el golpe que asestaría a las compañías, y por ende a los trabajadores, si se lleva a cabo la promesa del presidente en funciones durante la sesión de investidura.

Los primeros efectos del alza del SMI se verán cuando se puedan analizar las estadísticas de este verano, según fuentes empresariales. Hay dos grandes perjudicados de la iniciativa del Ejecutivo socialista: en primer lugar, el empleo, especialmente el de las personas con salarios más bajos, y, en segundo lugar, las empresas adjudicatarias de la administración que prestan servicios como la limpieza o los centros deportivos, a las que el Gobierno ha negado que se actualicen los contratos con la subida salarial.

Lo más preocupante es que el candidato a la investidura insiste en su estrategia. La promesa de subir el salario mínimo hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del valor del salario medio, como establece la Carta Social Europea, hará que el SMI se ubique entorno a los 1.000 euros en 14 pagas, lo que pondría en peligro a los trabajadores con sueldos más bajos, porque algunas empresas no podrían pagarle la nómina y tendrían que apostar por no renovar los contratos, o incluso despedir, a sus actuales empleados.

Plan Director por el Trabajo Digno

Sánchez también alabó el Plan Director por el Trabajo Digno, una medida que puso en jaque a la CEOE cuando se anunció y que ahora el presidente en funciones quiere reeditar. “En el plazo de un año aprobaremos un nuevo Plan Director por el Trabajo Digno, que tan buenos resultados nos está dando”, dijo durante su discurso de investidura. Para empezar, este plan del Ejecutivo socialista inicialmente se llamaba “Plan Director contra la explotación laboral” y los empresarios elevaron el grito al cielo porque situaba a España entre los países en los que hay explotación laboral cuando ni los organismos internacionales no lo hacen.

Los empresarios consiguieron que el Gobierno rectificara y dejara de hablar de “explotación laboral”, pero siguieron criticando la medida porque demonizaba la figura de los empresarios, elevaba las multas y forzaba inspecciones sorpresas. Y los resultados tampoco han sido demasiado halagüeños. Esta medida estrella para acabar con la precariedad tuvo un principio efectivo, pero en los seis primeros meses de 2019 la conversión de contratos temporales en fijos ha descendido un 2,5% respecto al primer semestre de 2018.

Registro de jornada

La obligación desde el mes de mayo de que las empresas lleven un registro horario de las jornadas ha elevado la burocracia en las empresas en los últimos meses y ha provocado el caos en muchas compañías. Un gran número de empresas sigue sin saber si cumple bien o no con la legislación.

De hecho, el arranque de la medida no fue fácil porque el Gobierno no publicó la guía del Ministerio de Trabajo para explicar la norma hasta que la obligación legal ya estaba en vigor. La Inspección de Trabajo está haciendo la ‘vista gorda’ ante aquellas empresas que están negociando con sus trabajadores como adaptarse al control horario.

También hay dudas de que este tipo de medidas sirva realmente para mejorar la situación de los trabajadores, en un entorno cada vez más digital en el que el teletrabajo o la flexibilidad son más necesarios que nunca. Tanto es así, que Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha llegado a denunciar que algunas compañías se estaban dando cuenta de que tenían empleados que le debían horas.