El think tank del Ibex 35 alerta de que las pensiones peligran a largo plazo tras la reforma de Escrivá

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el think tank que financian las principales empresas españolas que cotizan en el Ibex 35, ve graves problemas en la reforma de las pensiones impulsada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A su juicio, los incentivos establecidos para el retraso de la jubilación, así como el nuevo sistema de cotización de autónomos dejarán de suponer un ahorro presupuestario a partir de 2050, poniendo en riesgo la sostenibilidad del modelo a largo plazo.

La advertencia de Fedea se produce poco después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hiciera público un informe en el que asegura que las reformas de las pensiones adoptadas entre 2021 y 2023 elevarán el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en 1 punto en 2070. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha explicado  que estos cálculos se derivan de que las medidas de incremento de ingresos previstas en estas reformas, que ascienden al 1,3% del PIB, «no consiguen compensar el aumento del gasto, que se eleva al 2,4% y el 2,3%, respectivamente, en 2050 y 2070».

Las pensiones son uno de los elementos clave del aumento del gasto público a largo plazo, en especial a partir de 2035, hasta alcanzar un máximo de gasto en pensiones del 16,3% del PIB en 2049 -14,8% si se excluyen las pensiones no contributivas y de clases pasivas-, y después bajar al 13,4% en 2070 -el 13,9% excluidas no contributivas y las clases pasivas-. Asimismo, la AIReF calcula que el gasto asociado al envejecimiento de la población elevará el déficit público hasta el 7% del PIB en 2070, un año en el que la deuda pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar este desfase.

En un artículo elaborado por su director, Ángel de la Fuente, Fedea señala que, si funcionan como se espera, los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los autónomos podrían suponer «un alivio apreciable para las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo». De hecho, según sus cálculos, el ahorro neto generado por estas medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el periodo 2022-50 sería un ahorro de medio punto del PIB.

Para Fedea, el análisis de impacto de los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de «particular interés», pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apoya en sus proyecciones sobre el éxito y los efectos de estas medidas para concluir que el impacto neto del conjunto de la reforma sobre las cuentas del sistema de pensiones será manejable y no pondrá en riesgo su sostenibilidad financiera. «Si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como se expone, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto, que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo», apunta Fedea.

En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, Fedea supone, al igual que el Ministerio de José Luis Escrivá, que la cotización media de los trabajadores autónomos se equiparará gradualmente a la del Régimen General en un plazo de 10 años. Para la Fundación, esto «podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones». Fedea reprocha en este informe las «deficiencias» en la documentación técnica de las distinta reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura. Para evitar problemas de este tipo en el futuro, Fedea propone que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva Ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que éstas cumplen «unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica».