El sector de la vivienda se planta ante la nueva empresa pública de Sánchez: «Sólo genera dudas»

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 04/12/2024 06:45
  • Actualizado: 04/12/2024 06:45

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en el 41º Congreso Federal del PSOE su intención de crear una empresa de vivienda pública capaz de construir y gestionar la vivienda desde la Administración General del Estado. Sin embargo, desde el anuncio los expertos en la materia y los constructores han puesto el grito en el cielo, ya que muchos ven que esto es «inviable». Como explica a OKDIARIO Ramón Riera, presidente mundial de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarias (FIABCI) hay muchas dudas todavía: «Tenemos que ver si esto se puede llevar a la práctica y en qué condiciones».

Puede que muchas promotoras y constructoras se echen atrás ante este proyecto: «Muchas promotoras no han accedido a firmar contratos bilaterales con la Administración Pública, precisamente porque siempre ha habido la duda de quién va a gestionar eso. Es decir, la Administración va a ceder el suelo, pero quién va a gestionar el proyecto, ¿quién va a pagarlo? ¿El Estado o los futuros inquilinos?», defiende Riera.

Otro tema es la inseguridad jurídica. «Si construyo 100 viviendas y luego 40 no me pagan, en ese caso…. ¿Qué se hace? Porque normalmente, en estos casos, se trata de gente vulnerable y que está en una situación precaria», indica.

«Con esta empresa de vivienda pública, el Estado se convertiría en el gran tenedor y va a gestionar. Entonces, ¿qué pasará si la gente no paga o destruye las viviendas cuando se marchan? Esta es una de las situaciones en las que muchas administraciones no quieren hacerse cargo de la construcción de vivienda pública. Hay muchas incógnitas respecto a cómo se va a gestionar eso ¿Lo va a gestionar una empresa pública o lo va a gestionar una empresa privada?», expone.

Vivienda pública con inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica también tiene un papel importante en el posible fracaso de la nueva empresa de vivienda pública de Sánchez, según los expertos de APCEspaña: «Creemos que el Gobierno, si quiere impulsar medidas efectivas que incidan en la oferta de vivienda pública, debería centrar todos sus esfuerzos en sacar adelante la reforma de la Ley de Seguridad Jurídica (más conocida como Ley de Suelo), además de favorecer que las administraciones locales y autonómicas puedan poner suelo público a disposición de promotores públicos y privados, entre otras acciones. Asimismo, desde el sector reiteramos nuestra disposición para impulsar herramientas efectivas de colaboración público-privada que permitan incrementar el parque de vivienda pública en España».

Otro de los problemas de este proyecto es la falta de información que hay en torno a él. «La construcción de vivienda pública es una actividad intensiva en capital, y para que este anuncio cuente con la credibilidad necesaria, además de necesitar detalles de cómo será este nuevo ente, es preciso conocer la dotación presupuestaria que se le vaya a destinar, para que no quede en un simple anuncio en un acto político», aseguran desde APCEspaña.

Una iniciativa por ver

Por otro lado, desde el sector también se ve el lado positivo. «Alabo cualquier iniciativa pública que defienda uno de los derechos constitucionales como es el derecho a la vivienda… Pero de aquí a que esto llegue a puerto», afirma Riera.

«También podría ser un acto propagandístico y populista. No obstante, es importante que el estado tome las riendas de un problema tan importante como es la falta de hogares en España porque se trata de un país que está recibiendo mucha inmigración cada año y esa inmigración necesita vivienda», aclara Riera.