El sector inmobiliario carga contra los independentistas catalanes por intervenir el alquiler

«Excede competencias», «perjudica al propietario», «dificulta el acceso a la vivienda» y «genera incertidumbre e inseguridad jurídica». Así valoran los diferentes actores del mercado inmobiliario la proposición de ley presentada en el Parlamento catalán para intervenir los precios del alquiler. De esta manera, Cataluña se convertirá -previsiblemente a finales de mes- en la primera comunidad autónoma que intervendrá el mercado inmobiliario por Ley.

Lo hará gracias a una iniciativa parlamentaria impulsada por los independentista catalanes – JxCat, ERC y la CUP- y En Común Podem, y redactada con la colaboración con el Sindicatos de Inquilinos. En líneas generales, la ley permitirá congelar el precio de los nuevos contratos y rebajar aquellos que se tengan que renovar en todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

La propuesta ha generado una cascada de críticas dentro del sector inmobiliario. Los expertos están convencidos de que la intervención producirá el efecto contrario al deseado: la oferta de viviendas se reducirá y los inmuebles que queden en el mercado se deteriorarán sensiblemente. «Nadie querrá hacer reformas en un piso o en una casa sin saber si va a recuperar la inversión, y con alquileres regulados, eso es imposible. Muchos propietarios intentarán deshacerse de las viviendas que tengan en alquiler poniéndolas a la venta», dice a este periódico Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.

La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI) también ha criticado duramente la propuesta de los independentistas. Creen que «excede de las competencias» que pueda tener el Parlamento de Catalán en materia de regulación de alquileres. También recuerda que la medida es una iniciativa extraparlamentaria impulsada por parte del “lobby” Sindicato de Inquilinos, sin una personalidad jurídica clara, que pasan por alto que la inmensa mayoría de los propietarios de viviendas en España son pequeños tenedores, que «tienen en el ingreso del alquiler un complemento a sus ingresos o a su pensión, y que es un mecanismo muy habitual de pago de la hipoteca de la primera vivienda».

Precisamente, los propietarios serán los grandes perjudicados de la medida. Desde Asval (la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) creen  que el control de precios, a medio y largo plazo, contraerá la oferta porque generará inseguridad. «El propietario o bien retira la vivienda en alquiler del mercado o acude a la economía sumergida para conseguir la diferencia de precio. Si hay menos viviendas, los colectivos con menores recursos lo tendrán más dificil para alquilar, porque se primará a los perfiles más solventes», dice Beatriz Toribio, directora general de Asval.

Los expertos inmobiliarios también recuerdan a los independentistas que el mercado se regula por sí sol. «Funciona con la ley de la oferta y la demanda. Además, la intervención de precios también provocará que el propietario pida más garantías para alquilar la propiedad, lo que supondrá que menos personas podrán acceder a ella», explica a OKDIARIO Eva López, presidenta de la Asociación inmobiliaria de Barcelona Immosomni, integrada en FAI (Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias). López también destaca que no es el momento de plantear una medida así, ni por el contexto de precios a la baja, ni por la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país.

Mercado de vivienda tenso

La proposición de ley de los independentistas y los comunes permite intervenir los precios del alquiler en todas las viviendas que estén dentro de un área declarada como mercado de vivienda tenso, a la que se podrán acoger los municipios o partes de municipios en el que «el precio del alquiler experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media del territorio de Cataluña», según consta en la proposición.

También lo podrán hacer cuando la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales de las casas o de la renta media de las personas menores de 35 años, y cuando el precio del alquiler haya experimentado, en los cinco años anteriores a la declaración de área con mercado de vivienda tenso, un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales superior a la tasa interanual del IPC de Cataluña.